La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) regresa hoy al país para llevar a cabo una evaluación crucial del sistema aeronáutico nacional. Este análisis forma parte del Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA), en el que se determinará si el país puede mantener su Categoría 1, la máxima calificación de seguridad operacional otorgada por la FAA. Argentina ha ostentado esta categoría desde 2005, pero su permanencia en dicho nivel se encuentra en riesgo debido a una serie de deficiencias heredadas de gestiones anteriores en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El origen de este riesgo se remonta a 2022, cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) auditó a la ANAC y encontró un cumplimiento efectivo de solo el 60,47% en las normas y procedimientos establecidos, por debajo del promedio regional. Las áreas más afectadas fueron “Organización de la Aviación Civil” y “Operaciones”, que arrojaron resultados preocupantes en la capacidad del Estado argentino para controlar y fiscalizar las operaciones aeronáuticas.
A raíz de estos resultados, la FAA solicitó su propia inspección, la cual fue rechazada en primera instancia por la anterior administración, pero finalmente llevada a cabo en abril de este año. Durante dicha auditoría, se detectaron 82 hallazgos relacionados principalmente con aeronavegabilidad, operaciones y licencias, los cuales deben ser corregidos para evitar el descenso a Categoría 2.
Frente a esta situación, el Gobierno Nacional decidió intervenir la ANAC en julio de 2024, designando a María Julia Cordero como interventora. Desde entonces, se ha implementado un plan de acciones correctivas en colaboración con la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, logrando un avance del 85% en tiempo récord. Este plan incluye la actualización de manuales de procedimientos y capacitaciones específicas para el personal encargado de certificar y controlar las operaciones aéreas.
La Categoría 1 es crucial para que las aerolíneas argentinas mantengan sus rutas directas hacia Estados Unidos y puedan establecer acuerdos de código compartido con compañías estadounidenses. La pérdida de esta categoría tendría graves repercusiones, limitando las frecuencias de vuelos, restringiendo la incorporación de nuevas aeronaves y aumentando los costos operativos debido a un mayor escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses. (Agencia OPI Santa Cruz)
