El broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se presentaron hoy en los tribunales federales de Retiro para cumplir con la citación a declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. Ambos se negaron a responder preguntas y dejaron escritos con anexos de documentación ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo.
Martínez Sosa, señalado por su cercanía con el ex presidente, declaró ante la prensa al retirarse de los tribunales: “Con Alberto Fernández tenía un vínculo de amistad”. El broker entregó un escrito y evitó responder consultas relacionadas con las acusaciones de haber participado en un esquema de intermediación y direccionamiento irregular en la contratación de pólizas a través de Nación Seguros SA, por el cual se habrían generado comisiones millonarias.
María Cantero, quien compareció dos horas después, también optó por no prestar declaración oral. Su implicación en el caso incluye la extracción de mensajes de su teléfono celular que evidencian conversaciones con su esposo y con Fernández. En uno de los intercambios, el matrimonio discutía sobre “un negocio en Cancillería” que estaría en riesgo. Cantero escribió entonces al ex mandatario, quien le respondió: “Ya me ocupo”.
Al respecto, Fernández, quien fue indagado ayer en la misma causa, sostuvo que su mensaje aludía a averiguar si existía alguna irregularidad en el proceso. El caso investiga la implementación de un decreto durante su gestión que obligaba a todas las dependencias públicas a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, medida que, según la acusación, habría facilitado la intermediación de brokers como Martínez Sosa y generado comisiones injustificadas.
Las autoridades estiman que el broker habría percibido al menos 360 millones de pesos en comisiones, cifra que podría incrementarse si se comprueba el uso de empresas vinculadas para ampliar el esquema. El caso, que abarca el período entre 2019 y 2023, busca determinar la participación de funcionarios públicos y particulares en una presunta maniobra de direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos estatales. (Agencia OPI Santa Cruz)
