Estados Unidos incautó una aeronave perteneciente al gobierno de Venezuela que se encontraba retenida en República Dominicana. Se trata de un Dassault Falcon 200, que fue objeto de una operación supervisada por el secretario de Estado, Marco Rubio, marcando un nuevo endurecimiento de la política estadounidense contra la administración de Nicolás Maduro.
La medida se llevó a cabo en la pista de aterrizaje militar de Santo Domingo, donde un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas del orden de Estados Unidos colocaron un cartel con la inscripción “incautado” en el fuselaje de la aeronave. La incautación forma parte de una estrategia de Washington para bloquear operaciones que, según las autoridades estadounidenses, buscan evadir sanciones y facilitar el lavado de dinero.
Marco Rubio, quien asumió recientemente el cargo de secretario de Estado, destacó la acción como una muestra del compromiso de la Casa Blanca con la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas al gobierno venezolano. “La incautación de este avión venezolano, utilizado para evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de responsabilizar al ilegítimo régimen de Maduro por sus acciones ilegales”, escribió en su cuenta de X. Además, aseguró que continuará trabajando con República Dominicana y otros aliados regionales para evitar cualquier intento de eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos.
Esta es la segunda aeronave del gobierno venezolano que queda en manos de las autoridades estadounidenses en menos de un año. En septiembre de 2024, otro avión oficial de Venezuela, un Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y trasladado al estado de Florida, en una operación que tuvo lugar durante la administración de Joe Biden. La reciente incautación representa el primer gesto de mano dura del nuevo gobierno de Donald Trump, que en su primer período implementó una serie de sanciones económicas y un embargo petrolero con el objetivo de aumentar la presión sobre Caracas.
La confiscación de activos vinculados a Venezuela se enmarca en la política de Estados Unidos de cercar financieramente al gobierno de Maduro y a su entorno. Washington ha señalado en reiteradas oportunidades que estos bienes pueden ser utilizados para operaciones que violan las sanciones impuestas por la comunidad internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)
