El gobierno, los aliados políticos de Vidal, los diputados oficialistas y del FPV y el choque con la realidad práctica: la aplicación de la Ley Micaela a Fernando Españón

(Por: Rubén Lasagno) – La decisión de la Justicia de pedir el desafuero del diputado Fernando Españón por los delitos de abuso de autoridad y abuso sexual, va a poner a los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, en una encrucijada moral y política.

Como lo dije en una nota donde publicamos el oficio judicial, ahora viene un debate álgido en la política santacruceña donde cada actor político va a tener la obligación de mostrar sus convicciones partidarias, personales, las especulaciones políticas de las que son capaces y el apego (o no) a los discursos y sostenimiento de banderas que en la actual situación, cada uno verá si las enarbola y las mantiene, o las arría.

Los diputados deberán decidir si hacen lugar al desafuero del legislador preferido del gobernador y acá no median los condicionamientos de la “Ficha Limpia”, donde pueden aludir capciosamente cuestiones de orden “legal” como si tiene condena firme o no; en esta circunstancia lo que se necesita es solo la voluntad y vocación de cada diputado, de permitirle a la Justicia que vaya a fondo y condene o libere al procesado por serios delitos en pleno desempeño de la función pública.

Cualquier diputado que argumente para trabar el desafuero, caerá irremediablemente en el círculo de complicidad del gobernador, pero no solo eso, además deberá tener cuidado de no entrar en contradicción con sus acciones pasadas (si mantuvo o no la misma actitud en casos similares) y obviamente, futuras.

Los diputados oficialistas que siempre levantan la mano para aprobar todo lo que el Gobernador envía a la Cámara, en caso de negarle el desafuero a la justicia, será interesante ver lo que argumentan para encubrir las acciones deleznables cometidas por el ex intendente.

Los diputados kirchneristas, deberán ser muy claros al momento de votar, porque hacerlo en favor del desafuero va a ser interpretado por el oficialismo como una operación para debilitar el gobierno, cosa que no es así. Si no lo desaforan, van a quedar sospechados de haber entregado el voto a cambio de algo, con el propio gobernador Vidal.

Por otro lado, el propio gobierno que ha hecho de los organismos, entes y agrupaciones gubernamentales que defienden a la mujer, todas iniciadas por Alicia Kirchner y sostenidas por Vidal, prácticamente una continuidad de estas banderas refrendadas en acciones concretas y permanentes desarrolladas institucionalmente como las jornadas en los Cenines sobre violencia de Género; las capacitaciones que realiza el Ministerio de Igualdad; las políticas de mujeres y diversidades con las cuales recorrieron la provincia; diplomatura en Prevención y Abordaje de Violencia por razones de Género y especialmente nos preguntamos dónde irá a parar el discurso y las acciones de la Secretaría de Estado de Políticas e Igualdad e Integración de Santa Cruz y los millones de pesos invertidos en congresos, charlas, recalcando con énfasis la obligación de todos los funcionarios del gobierno, la policía y la justicia , del cumplimiento estricto de la Ley 27.499 denominada Ley Micaela.

La Ley Micaela  es una normativa que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para el personal de la función pública en Argentina. La ley fue aprobada por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019.

Los objetivos de la norma están orientadas a consolidar espacios y prácticas libres de violencias por motivos de género, garantizar los derechos de todas las personal reconocer la responsabilidad del Estado en el femicidio de Micaela García, cuyo nombre tomó la nueva ley.

Está destinada exclusivamente a todas las personas que trabajan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías y a las autoridades superiores, docentes, no docentes, estudiantes sin excepción.

Todas las causas por los delitos cometidos por Españón, fueron instruidas en el marco de la función pública, como Intendente. Ahora, resta ver si hay coherencia o no entre los políticos de Santa Cruz

De la teoría a la práctica

Es el momento en que, la teoría del gobierno provincial en materia de género y violencia contra la mujer y la familia y la práctica, coinciden. El señor Fernando Españón tiene gravísimas causas por abuso sexual comprobado, por lo tanto, como diputado, incumple los preceptos básicos de la Ley Micaela.

Los grupos políticos aliados al gobierno provincial como Encuentro Ciudadano, parte de la UCR y el Pro, deberán emitir su opinión a través del voto de cada diputado que ahora, asumirán la responsabilidad de demostrar que todo lo dicho en entrevistas, discursos y campañas políticas, no son las patrañas que todos pensamos, ni se trata de moralina de cartón que despliegan como grandes oportunistas que son, sino que, por el contrario, apostaron a un verdadero cambio.

Ahora la pelota está en el campo de los legisladores provinciales. Hasta ahora el gobernador no le pidió la renuncia a la presidencia del Bloque ni al Consejo de la Magistratura a su amigo Españón.(Agencia OPI Santa Cruz)