El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será interrogado a partir del próximo 9 de junio por el Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del juicio por un presunto plan golpista para evitar la asunción del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. El proceso judicial, que involucra también a altos exfuncionarios y militares del entorno más cercano de Bolsonaro, busca determinar responsabilidades en una supuesta trama para desconocer el resultado electoral, interrumpir el orden democrático y, según la acusación, incluso atentar contra la vida de dirigentes clave del gobierno electo.
El juez relator del caso, Alexandre de Moraes, confirmó este lunes que los interrogatorios serán presenciales y se extenderán, de ser necesario, hasta el viernes 13 de junio. Además del exmandatario, están citados otros siete acusados, entre ellos el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y excandidato a vicepresidente, actualmente detenido en Río de Janeiro bajo prisión preventiva por su rol en el plan. También figuran en la lista el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el diputado federal Alexandre Ramagem; el exjefe de la Marina, Almir Garnier Santos; el exministro de Justicia, Anderson Torres; el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro.
El teniente coronel Cid, considerado pieza clave en la investigación, será el primero en declarar. Su testimonio reviste especial importancia, ya que a partir de su colaboración en el marco de una delación premiada se lograron reunir pruebas fundamentales que permitieron avanzar en la causa. La investigación también incluye vínculos con el ataque del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del ex presidente invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento por revertir los resultados de los comicios.
En esta nueva fase del proceso, el STF analizará los testimonios y pruebas reunidas tras las declaraciones de 52 testigos, tanto de la fiscalía como de la defensa. De acuerdo con la Constitución brasileña, los imputados tienen derecho a no declarar y a no presentar pruebas que puedan incriminarlos.
Bolsonaro, a quien se le retiró el pasaporte por disposición de la Corte, podría enfrentar una condena de hasta 28 años de prisión si es hallado culpable de los delitos que se le imputan en esta causa. La investigación apunta a esclarecer el alcance real del plan, sus autores intelectuales y los canales utilizados para intentar subvertir el orden constitucional tras las elecciones que consagraron a Lula da Silva como presidente. (Agencia OPI Santa Cruz)
