El ex presidente Alberto Fernández se pronunció este jueves tras ser procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo del sistema de seguros estatales durante su gestión, y atribuyó la decisión judicial a una interpretación forzada de las pruebas con el objetivo de mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”. Desde sus redes sociales, Fernández denunció que la Justicia Federal, bajo la conducción del juez Sebastián Casanello, actúa con una intención persecutoria para satisfacer a los medios de comunicación, y sostuvo su compromiso con la república a pesar de la crisis que, a su juicio, atraviesan las instituciones republicanas.
El procesamiento, dictado ayer, alcanza al ex mandatario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor. Además, se le impuso un embargo sobre sus bienes por más de 14 millones de pesos. La resolución también incluye al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, y a María Cantero, secretaria histórica del ex presidente y esposa del empresario. La investigación se originó a partir del análisis de contrataciones de seguros realizadas mediante el Banco Nación, con intermediación de brokers vinculados al entorno del ex jefe de Estado.
Fernández rechazó las imputaciones, señalando que ya no se cuestiona el decreto que firmó para terminar con la cartelización y los negociados en el sistema de seguros del Estado, sino que ahora se le atribuye negligencia por haber designado como secretaria a Cantero, esposa de un productor de seguros. Para él, la resolución judicial responde a un sesgo que fuerza las pruebas para mantenerlo involucrado en el proceso sin fundamentos sólidos.
En un comunicado, la defensa del ex presidente adelantó que apelará la medida ante la Cámara de Apelaciones, calificando el procesamiento como arbitrario, prematuro e infundado, y reclamando que la investigación se encauce bajo parámetros objetivos orientados a la búsqueda de la verdad. Los abogados subrayaron que la resolución, que consta de más de 400 páginas, evidencia que el juez Casanello tomó la decisión antes de escuchar la declaración de Fernández la semana pasada. Además, remarcaron que el magistrado no produjo ninguna de las pruebas que el ex mandatario ofreció reiteradamente para esclarecer si en los niveles inferiores de su administración, específicamente en el área de seguros, se cometieron irregularidades durante su mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)
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