El faltante de chapas patente se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la oposición, ante una situación que afecta a miles de ciudadanos en todo el país. A pesar de haber completado todos los trámites legales, numerosos propietarios de vehículos no pueden circular normalmente por la falta de provisión de las placas definitivas, lo que expone a sanciones y complicaciones administrativas.
En respuesta a este escenario, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Amparada en la Ley 27.275, que garantiza el derecho ciudadano a acceder a información del Estado, la legisladora exige precisiones sobre los motivos del faltante, los plazos para normalizar el suministro, y el estado del proceso de adjudicación del servicio encargado de fabricar las patentes.
“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos”, sostuvo Campagnoli en su presentación, donde también reclamó detalles sobre la empresa adjudicataria, Tönnjes Sudamericana S.A., y sobre los proveedores anteriores que dejaron de operar. El pedido incluye, además, información sobre la cantidad de dominios provisorios actualmente vigentes y las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para solucionar la crisis.
Desde el Gobierno se había prometido en mayo la normalización del sistema, pero ese compromiso no se cumplió, advirtió Campagnoli. “Queremos saber por qué no se respetaron los plazos anunciados y qué acciones concretas se están tomando”, agregó, y alertó que la falta de respuestas genera incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para quienes cumplen con todas las obligaciones legales.
La preocupación fue compartida por otros legisladores de la oposición, quienes señalaron que la crisis en la provisión de patentes no solo afecta la entrega de vehículos nuevos o transferencias, sino que representa una nueva expresión de desorganización en áreas clave del funcionamiento estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)
