José Luis Espert sufrió un revés judicial en la Cámara de San Martín

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El tribunal de alzada desestimó los planteos de nulidad contra las pericias telefónicas e informes financieros en la causa que indaga transferencias por US$ 200.000 vinculadas a Federico Machado.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín convalidó las medidas de prueba y la continuidad de la investigación penal contra el exdiputado José Luis Espert, imputado en el fuero federal por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A través de una resolución judicial reciente, el tribunal de alzada rechazó dos recursos interpuestos por la defensa técnica del dirigente, los cuales pretendían anular diligencias probatorias y apartar del expediente al fiscal interviniente.

La impugnación cuestionaba la validez de declaraciones testimoniales tomadas sin notificación previa, requerimientos sobre el patrimonio de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”, la anexión de reportes de inteligencia “secretos” y el análisis pericial sobre teléfonos celulares secuestrados sin la intervención de peritos de parte. Frente a los reclamos, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones determinaron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

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José Luis Espert continuará investigado por el fiscal Rodolfo Domínguez en San Martín

El tribunal ratificó al fiscal federal Rodolfo Domínguez al frente de la instrucción preparatoria tras desestimar una queja presentada por la defensa de José Luis Espert, orientada a forzar la recusación del acusador por una presunta “pérdida de objetividad” y la supuesta “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. Esta pretensión procesal ya había recibido el rechazo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro durante el mes de agosto, criterio que el camarista Lugones sostuvo al descartar la vía recursiva.

El expediente penal concentra el foco sobre una transferencia de US$ 200.000 percibida por el dirigente en 2020, atribuida a vínculos comerciales con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de activos. Si bien el imputado justificó la acreditación bancaria como el “pago de un contrato de consultoría”, el Ministerio Público Fiscal mantiene la hipótesis de un esquema financiero simulado para canalizar activos de origen ilícito en la estructura económica formal. (Agencia OPI Santa Cruz)

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