Gobierno acusa a Rodolfo Aguiar de amenazar el orden constitucional

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El Ministerio de Seguridad Nacional denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, acusándolo de “atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”. La acción fue iniciada por Fernando Soto, abogado de la cartera comandada por Patricia Bullrich, quien según un documento actuó por “orden expresa” de la ministra.

La denuncia sostiene que el gremialista cometió un “delito” por “amenazar” el orden constitucional, enmarcando la acusación en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal. La base de la presentación judicial son declaraciones específicas de Aguiar: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”.

Según el texto de la denuncia, “esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional”. El ministerio considera que estas manifestaciones públicas “resultan altamente reprochables” dado que Aguiar, por su responsabilidad como representante de trabajadores estatales, está “deliberadamente” instando a “poner en crisis” al Gobierno.

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El escrito presentado por Soto argumenta que la declaración de Aguiar busca “afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”. En esa línea, la cartera de Seguridad consideró “plausible” realizar la denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea” de atentar contra la gestión de Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

El documento concluyó con la solicitud formal ante el Juzgado Federal. “Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, finalizó Soto. (Agencia OPI Santa Cruz)

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