Ricardo Diab, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), confirmó el cierre de unidades productivas y la pérdida de 220 puestos de trabajo en la firma Whirlpool como resultado directo de la caída del consumo y la apertura de importaciones gestionada por el gobierno de Javier Milei. El dirigente empresarial señaló que el esquema fiscal vigente impone que “cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto“, variable que elimina la competitividad de la industria local frente a la oferta externa, específicamente de productos que ingresan “fundamentalmente de China“.
El análisis de la entidad gremial empresaria identifica una correlación técnica entre la recesión y la destrucción de capacidad instalada. Diab explicó que la baja en las ventas minoristas “hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto“, frenando la cadena de suministros. Ante este escenario, la CAME solicitó al Ejecutivo herramientas de financiación, específicamente “planes de cuota a largo plazo“, pero la respuesta oficial fue negativa bajo el argumento de que “el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tengan que ver los privados“. Según el vocero, sin la intervención estatal, “si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo“.
La inviabilidad financiera de la producción nacional está forzando una reconversión del perfil corporativo en el país. El reporte indica que empresarios que no proyectaban ser importadores “ahora lo están analizando” ante la imposibilidad de competir. Esta dinámica afecta incluso al rubro alimenticio, donde se registra un aumento de mercadería extranjera. Diab definió la coyuntura como un “círculo negativo” donde las PyMEs no pueden mejorar los salarios por falta de rentabilidad y, simultáneamente, el mercado no consume porque “no tiene salarios buenos“.
El cese de operaciones no se limita a grandes firmas; también alcanzó a la láctea La Suipachense. En materia de mercado laboral, el diagnóstico es de estancamiento total: “en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo“, sentenció Diab. La entidad concluyó que, aunque se discuta una adecuación de la legislación laboral, esta medida será inocua “si no hay demanda productiva” que justifique nuevas contrataciones. (Agencia OPI Santa Cruz)
