Mayoristas proponen que el empleado pague directo la cuota sindical

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) objetó el esquema de cálculo para las indemnizaciones laborales y advirtió sobre el impacto financiero de aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sumado a una tasa de interés. La entidad empresarial sostuvo que validar este método de actualización de condenas multiplica los pasivos de manera desproporcionada, contraviene la Ley 23.928 que prohíbe la indexación de sumas de dinero y deriva en situaciones de quebranto para las empresas del sector PyME.

Los distribuidores presentaron una contrapropuesta técnica que exige volver al sistema de actualización mediante tasas bancarias, utilizando un promedio de tasas activas y pasivas. Según el comunicado emitido por la cámara, este cambio permitiría establecer montos más razonables y previsibles, a diferencia de la fórmula de IPC más tasa pura que genera deudas impagables para los empleadores al momento de ejecutar sentencias judiciales.

En materia de costos laborales no salariales, CADAM solicitó la derogación del artículo 9 de la Ley 14.250 para eliminar las llamadas cuotas solidarias y otros aportes obligatorios dirigidos a las arcas sindicales. Los empresarios argumentaron que estos conceptos representan costos extras disfrazados, fijados en negociaciones donde gran parte de las compañías no tienen representación y sobre los cuales no existe control del destino de los fondos. En la misma línea, pidieron que el empleador deje de funcionar como agente de retención de la cuota de afiliación, trasladando la gestión de cobranza directamente a la entidad gremial.

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El documento incluye también una petición para que las costas judiciales sean asumidas de forma solidaria entre el demandante y su letrado en casos donde se demuestre una plus petición inexcusable o reclamos sin sustento. La cámara concluyó que, sin estas modificaciones técnicas, la actualización de normas laborales no logrará el objetivo de dar previsibilidad ni evitará que los juicios pongan en riesgo los puestos de trabajo existentes. (Agencia OPI Santa Cruz)

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