Un nuevo grupo de 23 personas vinculadas a la actividad política fue excarcelado en Venezuela, sumando un total de 831 liberaciones hasta la fecha. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que la medida responde a una decisión soberana del Estado venezolano, evaluada de manera individual por las instancias competentes. Durante su intervención televisiva, el funcionario subrayó que estas acciones no son producto de presiones externas ni de la intervención de organizaciones no gubernamentales, sino que forman parte de una política de Estado orientada a la convivencia nacional.
El proceso, que fue ordenado desde el pasado mes de diciembre, se enmarca en un plan estratégico presentado por la actual gestión para preservar la estabilidad y la paz en el territorio. Cabello, quien también ejerce como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), vinculó estas medidas a una iniciativa de convivencia democrática impulsada originalmente por la presidencia encargada para garantizar la tranquilidad interna. El portavoz oficialista recalcó que la prioridad actual del escenario político es la defensa del orden social frente a cualquier intento de desestabilización.
En su carácter de autoridad de seguridad, el ministro enfatizó que el camino para los sectores políticos no debe ser la violencia. El llamado del Gobierno a los 831 ciudadanos beneficiados por estas medidas es a reintegrarse a sus hogares y apostar por la vía pacífica. Según el reporte de Xinhua, el Estado mantiene firme su postura de que estas excarcelaciones son actos de autonomía jurídica y política, diseñados para fortalecer el esquema de gobernabilidad y desarticular focos de conflicto.
La administración venezolana sostiene que la evaluación de cada expediente garantiza que las liberaciones se ajusten a los objetivos de paz del Ejecutivo. Diosdado Cabello reiteró que la defensa de la tranquilidad del país es innegociable y que las decisiones se seguirán tomando bajo el criterio de protección de la soberanía. En este contexto, el oficialismo busca consolidar un mensaje de control institucional y apertura procesal dirigida exclusivamente desde las estructuras del poder central, sin reconocer mediaciones internacionales o de terceros actores. (Agencia OPI Santa Cruz)
