La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, puso sobre la mesa una realidad que golpea a diario en las calles del país. Sucede que el Gobierno Nacional considera una “necesidad fundamental” bajar la edad de imputabilidad, un proyecto que el Congreso discutirá en sesiones extraordinarias.
La funcionaria explicó que Argentina mantiene una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina. La verdad es que, en la región, la mayoría de los países vecinos ya fijaron este límite entre los 13 y 14 años, dejando a nuestro sistema en una situación de desventaja frente al crimen organizado.
El punto es que las bandas delictivas utilizan hoy a los adolescentes como el combustible necesario para sus operaciones. Según la ministra, el Estado debe reaccionar de forma urgente para inhibir el reclutamiento mediante la certeza de una sanción efectiva.
La iniciativa no pretende amontonar chicos con adultos en las cárceles comunes. El proyecto busca promover la reeducación y exige una coordinación estricta con todas las jurisdicciones para garantizar lugares de detención adecuados y diferenciados.
Monteoliva aclaró que la justicia no medirá a todos con la misma vara. Sucede que el texto contempla penas alternativas según la gravedad del hecho, porque no es lo mismo el robo de una bicicleta que delitos aberrantes como matar o violar.
El enfoque oficial por primera vez intenta abordar la respuesta del Estado ante el delito juvenil con seriedad.
La discusión parlamentaria promete ser intensa, pero en el Ministerio de Seguridad confían en que los datos regionales y la presión social por mayor seguridad inclinarán la balanza. El objetivo final es romper el ciclo de impunidad que hoy alimenta a las mafias. (Agencia OPI Santa Cruz)