La Municipalidad de Ushuaia reclama una deuda millonaria que pone en jaque la prestación de servicios básicos urbanos. El Ejecutivo local exige la sanción inmediata de una Ley de Goteo y prepara los fundamentos legales para una inminente presentación judicial.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, denunció este miércoles un atraso ininterrumpido de 35 días en la transferencia de los fondos de coparticipación. La deuda que retiene la administración provincial alcanza los $12.000 millones, una cifra que asfixia las finanzas de la capital.
El monto adeudado equivale a la totalidad de cuatro meses de masa salarial del municipio. El funcionario calificó estos números como un límite absoluto para la gestión y catalogó a la crisis financiera actual como una situación “insostenible“.
La falta de pago impulsó al Ejecutivo a preparar una demanda judicial contra el Gobierno provincial. Iriarte anticipó que el Intendente definirá la estrategia legal en los próximos días porque “ya se acabó la paciencia”.
El funcionario remarcó la necesidad urgente de sancionar una Ley de Goteo en la provincia. Esta herramienta legislativa garantizaría la distribución automática de los recursos económicos y evitaría repetir escenarios de ahogo financiero contra los distritos.
El proyecto de Ley de Goteo pretende asegurar que todos los entes reciban el porcentaje exacto que les corresponde. La norma bloquearía el uso indebido de fondos que pertenecen a los jubilados, la obra social provincial y los municipios.
El Secretario de Gobierno señaló esta maniobra de retención de dinero ajeno como un claro “acto de irresponsabilidad”. El municipio mantiene sus cuentas ordenadas y no registra deudas vigentes con ningún organismo estatal o privado.
Iriarte aseguró que la Municipalidad de Ushuaia recuperará automáticamente el superávit cuando ingrese ese dinero adeudado, resultado directo de la “buena administración” local. Por este motivo, el municipio exige hechos concretos de transferencia en lugar de diálogo político.
Los recursos económicos retenidos pertenecen a los habitantes de Ushuaia y financian los servicios públicos diarios. La escasez de ingresos impacta directamente y genera una alerta operativa inmediata en el sector de recolección de residuos urbanos.
Esta crisis de financiamiento amenaza la continuidad de varios acuerdos clave para la ciudad. El funcionario advirtió finalmente que el actual nivel de pérdida de recursos pone en riesgo el contrato vigente con Agrotécnica Fueguina y afecta la viabilidad del transporte público de pasajeros. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
