La Procuración del Tesoro solicitó la intervención directa del máximo tribunal para anular la cautelar que mantiene bloqueados más de 80 artículos de la legislación.
La presentación de un recurso de per saltum por parte de la Procuración del Tesoro trasladó la disputa por la reforma laboral directamente a la Corte Suprema de Justicia. El organismo, que actúa en nombre de la Secretaría de Trabajo, exigió que el máximo tribunal declare la validez de la norma y anule la medida cautelar que bloquea su aplicación en todo el país.
El conflicto escaló luego de que un juzgado del fuero laboral diera lugar a la demanda interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT). Ese fallo inicial congeló la columna vertebral del esquema legislativo oficial y paralizó las modificaciones estructurales impulsadas por el oficialismo.
“Ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional”, objetó la representación legal del Ejecutivo en la fundamentación del escrito, donde reclamó a los magistrados supremos la unificación urgente de criterios.
La estrategia oficial busca quebrar los tiempos procesales y evitar el tránsito del expediente por las cámaras de apelaciones. La secuencia que derivó en esta maniobra extraordinaria marca el pulso del conflicto:
- Fines de marzo: La justicia laboral dictó la suspensión parcial de la reforma tras el reclamo sindical.
- Primera quincena de abril: El congelamiento legal de los artículos se mantuvo firme en las instancias inferiores.
- 17 de abril de 2026: El Ejecutivo activa el salto de instancia para forzar una resolución definitiva.
El salvataje de la reforma económica central de la administración nacional depende ahora de la admisión del recurso por parte de los magistrados. El futuro de la normativa de alcance federal quedó atado a la agenda de la Corte Suprema. (Agencia OPI Santa Cruz)
