La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal bloqueó el traslado a la provincia de Buenos Aires del expediente que investiga una mansión de 17 millones de dólares. Los magistrados resolvieron por mayoría que la Cámara Nacional en lo Penal Económico, radicada en la Ciudad de Buenos Aires, defina el futuro de la causa contra los presuntos testaferros de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El fiscal ante Casación Mario Villar traccionó el cambio de jurisdicción mediante un planteo formal. El representante del Ministerio Público objetó la resolución dictada en enero por la Cámara Federal de San Martín, tribunal que despachó las actuaciones hacia la localidad de Campana.
Hasta que exista una nueva directiva, el juez federal Adrián González Charvay custodia el expediente en la jurisdicción bonaerense. El titular del juzgado administrará la pesquisa probatoria de la propiedad ubicada en Pilar hasta concretar el traspaso judicial.
Los investigadores focalizan la atención sobre los movimientos financieros de la firma Real Central. La fiscalía acusa a los socios Luciano Pantano y Ana Conte de adquirir la residencia operando como prestanombres de la cúpula deportiva.
De acuerdo con los documentos oficiales, la escritura tasa el inmueble en 1.8 millones de dólares. El monto registrado contrasta con el valor real de mercado e involucra de forma directa al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
Junto con la residencia principal, la Justicia incorporó a las sospechas una flota de autos de colección. El complejo de la zona norte bonaerense suma también al expediente un helipuerto operativo y caballerizas privadas.
En la sede porteña, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio conforman el tribunal que tomará el control del caso. Los magistrados analizan en simultáneo las confirmaciones de los procesamientos contra Tapia, Toviggino y la entidad por la supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social.
Durante el tratamiento, los camaristas de Casación avalaron la postura de Villar para devolver la investigación al fuero especializado. Los funcionarios ratificaron al juzgado penal económico 10, anteriormente subrogado por Marcelo Aguinsky, como el espacio primario natural para el debate.
En primera instancia, el juez Mariano Borinsky expuso disidencias y exigió la declaración de inadmisibilidad del recurso fiscal. El letrado argumentó la ausencia de una sentencia definitiva y la falta de una cuestión federal.
El magistrado calificó la maniobra fiscal como un “excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia”. El documento alertó sobre una “solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal”.
Sobre el cierre del plenario, los registros de la votación documentan un acuerdo posterior. Borinsky acopló su decisión a la postura del juez Carbajo para encomendar una resolución colegiada y veloz a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. (Agencia OPI Santa Cruz)