El Poder Ejecutivo boliviano reactivó el abastecimiento a los mercados tras 35 días de parálisis vial, mientras la justicia mantiene una orden de aprehensión por trata de personas contra el exmandatario refugiado en Cochabamba.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ejecutaron un drástico giro geopolítico e institucional al desbloquear mediante un operativo conjunto la estratégica zona agrícola de Río Abajo. La intervención militar, ordenada por el presidente Rodrigo Paz, busca neutralizar el quiebre del orden constitucional que promueve el expresidente Evo Morales para eludir sus procesos penales en los tribunales locales.
El presidente de la nación, Rodrigo Paz, convocó formalmente el viernes 5 de junio de 2026 a la mesa de negociación a los máximos dirigentes de las protestas territoriales. El emplazamiento directo involucra al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, cuyos sectores civiles cercaron los accesos a las ciudades de La Paz y El Alto.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, lideró el despliegue de las fuerzas de seguridad en la madrugada, según reportaron los diarios La Razón y El Debate. Las autoridades ministeriales confirmaron que la liberación de los caminos permitió el ingreso inmediato de camiones con alimentos y suministros hacia los centros de consumo urbano.
La administración central documenta que los cortes de rutas responden a una estrategia de impunidad penal y no a demandas legítimas de los sindicatos. Conforme a la documentación oficial analizada, el líder cocalero enfrenta cargos graves por presuntos delitos de trata y tráfico de personas, motivo por el cual permanece refugiado en el Trópico de Cochabamba.
El jefe de Estado ratificó la continuidad de la acción gubernamental para garantizar el libre tránsito y defender la estabilidad democrática del país. El mandatario boliviano advirtió que la afectación a los derechos de menores y mujeres debe resolverse de forma exclusiva ante los magistrados de la República.
“Estamos como Gobierno en ese diálogo, absolutamente abiertos para poder avanzar, pero no para defender las causas de un señor que tiene que ir ante la justicia y que quiere usar como escalera al pueblo boliviano”, advirtió Rodrigo Paz. El titular del palacio de gobierno lamentó las muertes registradas durante las protestas y exigió una investigación penal exhaustiva para determinar las responsabilidades de los promotores del cerco vial. (Agencia OPI Santa Cruz)
EXCELENTE DESICION, SR PRESIDENTE.EL SOCIALISMO MARXISTA NO DEBE IMPONERSE SOBRE LAS DESICIONES DEL PUEBLO BOLIVIANO.