El escrutinio de la autoridad electoral otorga una diferencia insuperable de 43.000 votos a Fuerza Popular, mientras el candidato izquierdista impugna el proceso civil sin presentar evidencias físicas ante las juntas gubernamentales.
El candidato presidencial Roberto Sánchez rechazó los resultados electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú, pese a que el avance del cómputo oficial otorga una ventaja matemática irreversible a la postulante de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
Conforme al reporte oficial de la ONPE, el organismo procesó el 99,86% de las actas de votación. En este estado del conteo, la candidata derechista concentra el 50,118% de los sufragios frente al 49,882% que obtuvo su oponente político.
Esta distribución de los votos válidos consolida una diferencia superior a los 43.000 sufragios a favor de la líder de Fuerza Popular. El margen resulta definitivo para la adjudicación del cargo debido a que el sistema electoral solo debe contabilizar 39.300 votos en todo el territorio.
Sin exhibir pruebas materiales ante las juntas electorales, el aspirante izquierdista denunció un fraude en el voto exterior. El exministro de Comercio Exterior del destituido expresidente Pedro Castillo —quien cumple una pena de 11 años de prisión por conspiración para rebelión— cuestionó el escrutinio en Estados Unidos y Japón, donde la opción de Fuerza Popular superó el 63% de los apoyos.
En el plano normativo, la junta electoral del país andino fijó el 15 de julio de 2026 como fecha límite para la proclamación de la presidenta electa. La ganadora de los comicios es hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, quien murió en 2024 luego de purgar una reclusión de 15 años por las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, crímenes que cometió un escuadrón del ejército peruano.
Desde la conducción partidaria de Fuerza Popular, el secretario general y compañero de fórmula, Luis Galarreta, calificó la postura de la oposición como “antidemocrática”. El rechazo de los resultados amenaza con profundizar la crisis institucional de una república que registra un historial de ocho presidentes desde el año 2018 por recurrentes destituciones y renuncias. (Agencia OPI Santa Cruz)