(OPI TdF) – El holding automotriz retrotrae bajas temporales bajo presión sindical. Simultáneamente, el juzgado interviniente debe resolver el destino final de una fábrica concursada y los fondos inmovilizados pertenecientes al personal cesanteado.
Ayer al mediodía, la Secretaría de Trabajo de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria e interrumpió el envío de telegramas en el Grupo Mirgor. La medida administrativa congela 100 desvinculaciones proyectadas en la planta de Río Grande.
Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), confirmó el cese temporal de las primeras 30 bajas efectivas. La organización sindical rechaza las modificaciones al convenio colectivo que propone la patronal automotriz, conforme al expediente que evaluó este medio.
En las instalaciones de Aires del Sur (ADS), la situación laboral alcanzó la ruptura definitiva tras el fallo del 19 de febrero. El juez comercial Horacio Boccardo oficializó la quiebra corporativa y dejó sin sustento formal a 140 operarios metalúrgicos.
15.000.000 de dólares es el valor tasado de los materiales, repuestos y productos terminados inmovilizados en los depósitos de la firma fabricante de Electra y Fedders. El delegado gremial Maximiliano Uriona exige que la sindicatura asigne estos recursos a los 147 trabajadores damnificados.
La empresa asiática Chigo Group omitió inyectar los 5.000.000 de dólares pautados para el salvataje financiero durante 2023. Esta falta de fondos precipitó el colapso frente a tasas de interés locales del 30%, de acuerdo a la documentación consultada por OPI Tierra del Fuego.
Frente a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los trabajadores formalizaron una denuncia penal por el recorte de asignaciones familiares ejecutado en abril. La entidad previsional nacional no ofreció respuesta oficial ante los requerimientos de restitución de pagos por discapacidad.
El Gobierno Nacional aplica la eliminación de aranceles a la importación de tecnología y telefonía celular mediante normativas ejecutivas. Esta modificación regulatoria impacta directamente en los márgenes operativos de las empresas radicadas bajo los beneficios de la Ley 19.640. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
