(Por: Rubén Lasagno) – La diputada nacional, Marcela Marina Pagano ayer hizo una denuncia la cual cayó por sorteo al Juzgado Federal N° 9 y registrada bajo el Nro CFP 4057/2026. El objetivo de la denuncia es solicitar a la justicia federal que investigue presuntos delitos relacionados con el manejo de fondos fiduciarios públicos de infraestructura.
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De acuerdo a la denuncia que tenemos en nuestro poder, la legisladora sostiene que el gobierno nacional de Javier Milei sistemáticamente no ejecutó los recursos destinados a obras de infraestructura. En lugar de financiar las obras que dicta la ley, el dinero fue utilizado para financiar al Tesoro Nacional a través de colocaciones financieras (como Letras del Tesoro) para construir un resultado fiscal positivo. Por ejemplo, cerca del 88% de los recursos del Fondo Hídrico terminaron prestados al propio Estado, esto constituye una subejecución y desvío de fondos, de acuerdo al pedido de la diputada.
En el texto de la denuncia, se advierte que los pagos y compensaciones que sí se realizaron fueron direccionados de manera discrecional, por lo tanto pide investigar si existe una correlación temporal entre los giros de fondos a ciertas provincias y las fechas de sesiones y votaciones clave en el Congreso de la Nación, sugiriendo que se utilizaron para alinear legisladores en lo que llama “la ruta de votos”.
También se cuestiona el destino de los remanentes, activos y carteras (como las viviendas de PROCREAR) de varios fondos fiduciarios que fueron disueltos por el Poder Ejecutivo.
Entre los fondos involucrados y que la diputada Pagano pide investigar están el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, los subsistemas de Transporte (SIFER, SISTAU, RCC y CCP), y fondos disueltos como el FFFIR, PROCREAR, FFTEF, Fondo Nacional del Manejo del Fuego y FONDEP. Se excluye el subsistema SISVIAL porque ya está judicializado en la denuncia anterior que hizo la diputada y de la cual dimos cuenta, aunque se pide evaluar la conexidad de las causas.
Provisoriamente la diputada pide imputar los delitos de Malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eventualmente, cohecho (sobornos) y negociaciones incompatibles con la función pública si se comprueba el esquema de “pagos por votos“.
Entre los funcionarios que se piden investigar están: Luis Andrés Caputo (Ministro de Economía), Daniel Wasserman (Presidente del Banco Nación), Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación), Juan Ignacio Stampalija, Carlos Guberman, entre otros liquidadores y autoridades.
Análisis político de la denuncia
La denuncia ataca directamente uno de los pilares de la política económica de la actual administración: la obtención de superávit fiscal. La diputada Pagano argumenta que este resultado financiero (“caja”) se construye de forma ilegal al retener recursos que provienen de impuestos con “asignación específica”. Es decir, los ciudadanos pagan un impuesto al combustible destinado por ley a hacer obras hídricas o subsidiar transporte; al usar ese dinero para comprar Letras del Tesoro y mostrar equilibrio fiscal, el gobierno nacional estaría violando la ley y malversando fondos.
El punto más sensible de la denuncia es la acusación basada en la investigación periodística “Rutas por votos“. Si la justicia y la DAJUDECO (organismo al que se le pide cruzar datos) logran probar estadísticamente que el Ministerio de Economía liberó fondos para contratistas en provincias específicas justo antes o durante votaciones críticas en el Congreso, se estaría frente a un esquema institucionalizado de cohecho (compra de voluntades legislativas con dinero público).
En la denuncia se resalta una falla en los mecanismos de control del Estado. Se menciona que ni la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni la Auditoría General de la Nación (AGN) han auditado recientemente la ejecución de estos fideicomisos multimillonarios. Además, advierte sobre pérdidas patrimoniales (como en el FFFIR) porque los fondos se colocaron en plazos fijos cuyos rendimientos fueron devorados por la inflación.
Finalmente y más allá de los delitos financieros señalados, la denuncia subraya el impacto real de estas decisiones. Destaca que la paralización de 28 de 49 obras hídricas deja a poblaciones productivas y civiles expuestas a graves riesgos de inundación, especialmente ante los pronósticos de un evento meteorológico severo como “El Niño” para 2026/2027.
Demás está aclarar que si la denuncia de Pagano prospera, todas las provincias, los legisladores y gobernadores involucrados en estas maniobras por parte del gobierno nacional, quedarán expuestos y se revelará cómo han recibidos fondos para objetivos específicos y qué han hecho con los mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)