La resistencia de las bancadas aliadas a avalar el texto oficialista sin garantías arancelarias frena el tratamiento legislativo y tensa los acuerdos con el Ministerio de Economía en el Congreso nacional.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, frenó el 2 de septiembre de 2026 la firma del dictamen sobre el régimen especial denominado Súper RIGI en el Senado de la Nación. El bloqueo parlamentario se desató ante la exigencia de las bancadas de la Unión Cívica Radical y el PRO de incorporar una cláusula de protección industrial local.
El articulado propuesto por las bancadas opositoras aliadas establece una preferencia directa del 15% en los precios de compra a favor de las empresas de origen nacional frente a ofertas de competidores extranjeros. Los legisladores aliados supeditaron su firma en las comisiones a la inclusión de esta salvaguarda para la industria doméstica.
Las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación todavía no convalidaron la modificación arancelaria requerida en el Palacio Legislativo. Frente a las objeciones de los bloques dialoguistas, la senadora Bullrich advirtió en el plenario que el oficialismo mantendrá la vigencia del marco regulatorio anterior si persisten los condicionamientos al proyecto.
La negativa a suscribir el despacho unificó los votos de Martín Goerling Lara, presidente de la Comisión de Economía e Inversión Nacional, María Cristina Huala, Maximiliano Abad y Carlos Espínola. Esta parálisis de firmas impidió fijar una fecha para el tratamiento del texto en el recinto de la Cámara alta.
Las condiciones del plenario sobre proveedores locales y energía
El debate se concentró en el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Economía e Inversión Nacional y de Legislación General. El senador Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto, comunicó a los bloques la inclusión de un piso mínimo obligatorio del 20% de contratación de firmas locales dentro del presupuesto de proveedores.
El texto en discusión estipula que el incumplimiento del plan de proveedores acarreará penalidades legales para el Vehículo de Proyecto Único. Las empresas adjudicatarias solo quedarán eximidas si comprueban la inexistencia de oferta local o la incompatibilidad manifiesta con los estándares de precio y calidad fijados por el mercado.
El plenario incorporó además el artículo 18, una disposición regulatoria redactada para proyectos a gran escala con alta demanda energética. Las iniciativas vinculadas a inteligencia artificial y extracción de minerales críticos deberán garantizar obras de infraestructura eléctrica propia para no perjudicar la red pública nacional de distribución.
En forma paralela, el senador Eduardo Vischi defendió una iniciativa destinada a otorgar exenciones fiscales a medianas empresas dedicadas a sectores tecnológicos. La propuesta incluye en el artículo 6 la obligación de presentar una declaración jurada de inversión, y en el artículo 10 la autorización para acumular estos beneficios con regímenes provinciales.
La firma de ese proyecto complementario también se postergó por la intervención del senador Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Pymes. Las divergencias procedimentales y el pedido de reformas adicionales de bloques provinciales congelaron la emisión del despacho técnico hasta que el Poder Ejecutivo formalice su postura. (Agencia OPI Santa Cruz)