La segunda instancia penal rechazó el recurso del ministerio público y clausuró las actuaciones por el paquete crediticio de cincuenta mil millones de dólares suscrito en Washington, beneficiando a integrantes del actual gabinete ministerial.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó el archivo de la causa penal contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros del Poder Ejecutivo por el crédito del Fondo Monetario Internacional. La resolución emitida por el tribunal porteño convalidó el fallo dictado en primera instancia y desestimó la apelación del ministerio público fiscal que buscaba reabrir la instrucción penal.
El pronunciamiento judicial suscrito el 4 de septiembre de 2026 por los jueces de alzada Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmó de manera definitiva la resolución dictada en febrero de 2026 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La titular del Juzgado Federal N° 5 dispuso en aquella oportunidad el cierre del expediente tras determinar la inexistencia de conducta delictiva en la tramitación del programa de asistencia financiera por más de cincuenta mil millones de dólares.
La Fiscalía Federal apeló la desestimación original argumentando que la magistrada adoptó un temperamento judicial prematuro y arbitrario al paralizar las actuaciones procesales. El dictamen de los fiscales denunció la exclusión deliberada de elementos probatorios de relevancia técnica y reclamó la continuidad de la investigación penal sobre los procedimientos administrativos que respaldaron la transferencia de divisas hacia el erario público.
Los jueces de alzada rechazaron la pretensión acusatoria y confirmaron la validez jurídica de lo actuado en la instancia previa. El juez Mariano Llorens y su par Bertuzzi sostuvieron en los considerandos del fallo que los exfuncionarios ejecutaron el empréstito financiero internacional bajo un contexto de urgencia fiscal expresamente acreditado, descartando que la conducta desplegada por los imputados persiguiera quebrantar las normativas que regularon la toma de deuda por más de US$ 50.000 millones.
El tribunal de alzada estableció como doctrina jurídica que los estrados judiciales carecen de facultades constitucionales para fiscalizar el mérito o la oportunidad de las determinaciones financieras ejecutadas por las administraciones de gobierno. Los camaristas remarcaron que la justicia no está llamada a juzgar el acierto o desacierto técnico de las medidas económicas soberanas, clausurando así la vía penal frente a los cuestionamientos dirigidos contra el endeudamiento externo.
El alcance del fallo de Comodoro Py sobre los ministros del Poder Ejecutivo
La decisión de la Sala I se produjo veinticuatro horas después de la jura reglamentaria de los jueces federales Bertuzzi y Pablo Yadarola, cuya asunción formal completó la vacancia estructural del tribunal porteño. La integración plena de la alzada judicial habilitó la emisión inmediata de la sentencia que desvincula a los acusados y bloquea la producción de nuevas pericias contables.
El fallo de los camaristas disipa la principal preocupación jurídica que pesaba sobre la Casa Rosada, al neutralizar una causa penal que comprometía directamente a los integrantes de su equipo económico. Entre los imputados beneficiados por el archivo judicial sobresale el actual ministro de Economía, Luis Caputo, quien ejercía la conducción de las finanzas estatales al concretarse el acuerdo multilateral con los directivos del Fondo Monetario Internacional.
La clausura procesal alcanza también al actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y al titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Ambos funcionarios del gabinete nacional permanecían imputados en el expediente por sus respectivas actuaciones operativas durante el diseño de los mecanismos cambiarios e instrumentos financieros que acompañaron la entrada de los desembolsos externos.
La resolución de la Cámara Federal comprende asimismo al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, funcionarios de la administración de Macri que suscribieron los instrumentos técnicos de pago. Con la confirmación de la Sala I, el expediente quedó archivado formalmente en Comodoro Py, cerrando la vía de investigación penal sobre las decisiones de financiamiento adoptadas durante el período 2015-2019. (Agencia OPI Santa Cruz)
