Península de Magallanes: la trama detrás del decreto de Vidal, una sociedad creada 36 días antes y la aparición de un magnate de Dubái en la trama

(Por: Rubén Lasagno) – Informe I – De acuerdo a los dichos en todos los medios el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, se esperaba su asistencia a la Cámara de Diputados de Santa Cruz para detallar los alcances del proyecto turístico en la Península de Magallanes, pero hasta el momento, más allá de la operación del gobierno provincial en todos los medios de comunicación y redes, a las 12 horas de hoy 28 de septiembre2026, Garay no se presentó en la legislatura, no convocó a ninguna reunión formal y ni siquiera envió la documentación requerida por los legisladores para su análisis.

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Para desentrañar la trama detrás de la operación inmobiliaria y turística autorizada por el Decreto Provincial N° 0915/2026, que habilita la operatoria en la Península de Magallanes y de acuerdo a la investigación que llevamos adelante en OPI santa Cruz, es necesario separar a los dos actores societarios que intervienen en el negocio: por un lado, la propietaria histórica Lacustre del Sud S.A., que aparece como vendedora y por el otro, la sociedad vehículo del negocio recién creada en el año 2026 que actúa como compradora, ASB Hospitality Calafate S.A.U., comprendiendo tanto la cadena societaria internacional como las vías legales y registrales para auditar sus antecedentes.

¿Y Dubái?

La vinculación con los Emiratos Árabes Unidos no surge de la empresa vendedora (Lacustre del Sud S.A.), sino de la estructura societaria de la firma compradora a la que el Poder Ejecutivo provincial habilitó de manera excepcional para adquirir la Parcela Fracción G, Matrícula 186, en la Península de Magallanes, justo frente al Glaciar Perito Moreno.

De acuerdo con los registros societarios y las publicaciones del Boletín Oficial, la cadena de control corporativo que conecta las tierras patagónicas con Dubái se estructura en tres niveles:

• ASB Hospitality Calafate S.A.U es una Sociedad Anónima Unipersonal constituida en la Argentina el 27 de julio de 2026, es decir, apenas 36 días antes de que el gobernador Claudio Vidal firmara el Decreto N° 0915/2026 (fechado el 1 de septiembre de 2026).
  
• La sociedad controlante extranjera (ASB Hospitality LLC) según el acto constitutivo de ASB Hospitality Calafate S.A.U., el 100% de su paquete accionario pertenece a un único socio: la firma ASB Hospitality LLC, constituida y registrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
  
• El grupo económico y beneficiario final (Albwardy Investment) ASB Hospitality LLC es la división de inversiones hoteleras de Albwardy Investment, un conglomerado multinacional con sede en Dubái fundado en 1975 y presidido por el magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy. En la Argentina, este mismo grupo ya controla activos hoteleros de alta gama como el Four Seasons Hotel y el Gran Meliá Iguazú, además de inversiones ligadas al polo (Dubai Polo & Equestrian Club).

Sospechas y cuestionamientos

En el ámbito legislativo y ambiental de la provincia, tanto en El Calafate como en sectores políticos y empresariales de Santa Cruz, los cuestionamientos sobre el negocio inmobiliario entre Lacustre del Sud S.A. y el grupo emiratí se apoyan en cuatro anomalías administrativas y temporales que hemos segmentado para su mejor comprensión:

1. El timing entre la creación de la S.A.U. y el decreto de excepción es el primer acto sospechoso que aparece, por cuanto el proyecto turístico (“Master Plan Ecocentro”) comenzó a tramitarse en 2023 bajo el Expediente CAP N° 495.894/23 por parte de la titular de la tierra, Lacustre del Sud S.A. históricamente vinculada a las familias De Tommaso y Laniado, y propietaria de casi 3.500 hectáreas y otros ocho lotes catastrales en la zona. Sin embargo, una vez encarrilado el trámite ambiental, se constituyó en julio de 2026 la sociedad unipersonal nueva ASB Hospitality Calafate S.A.U. e inmediatamente se dictó el Decreto N° 0915/2026 para habilitar el pase de manos del inmueble con el proyecto adosado.
   
2. El “puenteo” al Decreto N° 0994/17 (artículo 2°). El régimen legal de la Reserva Provincial (Ley N° 3466 y Decreto N° 0994/17) prohíbe las subdivisiones y transferencias de dominio precisamente para evitar que propietarios históricos obtengan permisos ambientales con el único fin de valorizar la tierra y revenderla a desarrolladores extranjeros, lo que podríamos calificar como una “especulación inmobiliaria secundaria”. El gobernador Claudio Vidal sorteó esa veda legal otorgando una excepción “por única vez” hecha a medida de esta transacción, aclarando que “no servirá de precedente para otros particulares”. Esto lleva a pensar que todo el andamiaje societario-comercial estuvo “pensado y armado” con nombre y apellido. Si esto es así, entonces sin duda tanto el gobernador como los funcionarios y diputados que apoyan esta decisión deberán dar explicaciones públicas y, si caben, judiciales.
4. La mutación del proyecto original. De los archivos que OPI Santa Cruz pudo investigar surge que, en los litigios judiciales que Lacustre del Sud S.A. perdió en 2012 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y según lo que allí consta, la firma pretendía levantar dos hosterías y un country club. En cambio, el nuevo expediente de inversión que aparece en el decreto de Vidal se aprobó bajo la figura de un “Ecocentro de Actividades, Experiencias y Vida en la Montaña” (24 unidades de alojamiento de lujo y hasta 60 camas), lo que generó cuestionamientos sobre si se trata de un complejo hotelero exclusivo encubierto bajo una categoría de menor impacto en el Plan de Gestión 2022.
5. La publicación sintetizada y la reserva del expediente. Lo que vuelve aún más sospechosa la operatoria es que el Decreto N° 0915/2026 se firmó el 1 de septiembre de 2026, pero recién se dio a conocer en el Boletín Oficial el 22 de septiembre mediante un extracto sintetizado, omitiendo la publicación de los anexos técnicos, los estudios de impacto ambiental y los dictámenes jurídicos previos.

En el Informe II sobre este tema que publicaremos hoy mismo, vamos a mostrar el encaminamiento que deberán seguir los diputados e investigadores que deseen auditar realmente este negocio inmobiliario excepcional en la provincia de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)