En el juicio unificado que instruye el TOF N.° 5, el fiscal Diego Velasco concluyó la lectura de elevación y detalló los giros millonarios de contratistas viales en Santa Cruz y del Grupo Indalo hacia la firma inmobiliaria.
El Tribunal Oral Federal N.° 5 concluyó la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Diego Velasco en la causa Los Sauces, tramo que se sustancia de forma conexa con el expediente Hotesur contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. La acusación formal abarca a 24 imputados bajo cargos de presunta asociación ilícita, lavado de activos y recepción de dádivas, delitos que prevén escalas penales de entre 2 y 10 años de prisión, en el marco de contratos estatales asignados en la provincia de Santa Cruz.
Durante la audiencia celebrada recientemente en los tribunales federales, el dictamen fiscal encuadró las maniobras bajo una estructura orientada a detraer fondos públicos: “Las consideraciones desarrolladas son suficientes para tener por acontecida, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa preliminar del proceso, la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre, fecha en la que intervendrá la querella de la Unidad de Información Financiera.
Diego Velasco expuso la ruta de fondos
El fiscal federal Diego Velasco detalló ante los jueces del Tribunal Oral Federal N.° 5 los vínculos comerciales entre las firmas adjudicatarias de obra pública vial en Santa Cruz y la firma Los Sauces. La acusación precisó que la constructora Loscalzo y Del Curto inyectó fondos entre enero de 2009 y diciembre de 2014 mediante la locación de cuatro departamentos en Río Gallegos con sobreprecios respecto de su edificación, sumando una facturación total de $1.691.580 a través de más de 40 cheques percibidos por Máximo Kirchner: “Es posible afirmar que el contrato no fue más que una mise en scene a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente”.
El esquema acusatorio expuso que la firma Austral Construcciones, controlada por Lázaro Báez, percibió $6.698.062.565,08 del Tesoro Nacional entre 2003 y 2015 por contratos viales asignados en territorio santacruceño. De acuerdo con el requerimiento, la constructora transfirió $323.915,79 durante 10 meses a Los Sauces; tras la culminación del vínculo en 2015, los inmuebles pasaron a locatarios particulares con una rentabilidad 41 por ciento inferior a la pactada con Austral Construcciones. En el rubro hotelero, la empresa administradora Valle Mitre canalizó $2.836.724 entre 2009 y 2013 por la explotación de La Aldea del Chaltén, monto que reintegró el costo del establecimiento en cinco meses y representó 13 veces su valor de adquisición antes del cese de operaciones de la gerenciadora.
La Fiscalía imputó contratos en Madero Center
El fiscal Diego Velasco describió las locaciones contratadas por las firmas del Grupo Indalo, encabezadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa, donde intervino la sobrina presidencial Romina de los Ángeles Mercado como directora societaria. La compañía Inversora M&S desembolsó $13.896.672 entre mayo de 2009 y marzo de 2016 en el complejo Madero Center, integrando $499.197,60 por amenities y áreas comunes ya habilitadas, junto a dos unidades habitacionales por $13.397.475,02 con sobreprecios de mercado estimados entre el 100 y el 150 por ciento. En paralelo, la firma Álcalis de la Patagonia liquidó $4.658.053 por otro departamento utilizado por la expareja de De Sousa, operatoria gestionada con la participación del apoderado Osvaldo Sanfelice.
El requerimiento del Ministerio Público Fiscal concluyó que los fondos insertados en Los Sauces por contratistas estatales fueron retirados por los socios para uso particular por montos superiores a 10 millones de pesos mediante devoluciones de créditos, salarios y gastos personales. En ese desglose pericial, Cristina Fernández de Kirchner retiró $2.095.426,67, mientras que el diputado Máximo Kirchner percibió $2.492.415,69. La firma adquirió asimismo dos propiedades destinadas al núcleo familiar, entre las cuales figura el inmueble de la calle San José 1111 donde la expresidenta cumple seis años de condena penal. (Agencia OPI Santa Cruz)
