La Resolución General 5927/2026 de ARCA reglamentó la quita transitoria para infracciones formales cometidas hasta el 9 de octubre de 2026 y fijó como fecha límite el 18 de diciembre de 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial, mediante la Resolución General 5927/2026, la reducción del 50% en las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026. El beneficio alcanza a los contribuyentes que cumplan con la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 27826 y el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026.
La quita recae únicamente sobre el importe de las sanciones previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número agregados a continuación de ellos de la Ley 11683, vinculadas a la omisión de presentar declaraciones juradas o información en término, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses. Para acceder al régimen, las infracciones deben corresponder a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026 —fecha de entrada en vigencia de la Ley 27799— y no encontrarse firmes al 9 de octubre de 2026 o, de estarlo, no haber sido canceladas ni consolidadas en un plan de facilidades de pago.
El universo de beneficiarios comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2) que cuenten con Certificado MiPyME y su caracterización en el Sistema Registral de ARCA, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro registradas como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales o consorcios de propietarios. Quedan expresamente excluidos del esquema los sujetos categorizados como Grandes Contribuyentes según la Resolución General 5670, así como aquellos que incumplan el vencimiento fijado en diciembre.
Procedimiento digital y efectos jurídicos
Para las sanciones que no se encuentran bajo discusión, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que la rebaja del 50% opera de pleno derecho con el solo cumplimiento de la obligación formal pendiente —como la presentación de un balance en formato PDF de una sociedad anónima— hasta el 18 de diciembre de 2026. En cambio, si la multa atraviesa una instancia de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el contribuyente deberá ingresar además al servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27826” e identificar el número de sumario, resolución o instrumento antes del vencimiento del plazo.
El acogimiento al régimen reglamentado por ARCA implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho para continuar litigando, asumiendo el contribuyente las costas y gastos causídicos correspondientes. Asimismo, la normativa dispone que la aplicación de este beneficio transitorio no habilita la repetición ni la solicitud de devolución de los importes que hubieran sido abonados con anterioridad al 9 de octubre de 2026.
Acumulación de rebajas
El tributarista Sebastián Domínguez señaló en declaraciones que el beneficio transitorio puede acumularse con la reducción de pleno derecho del 25% establecida en el artículo 49 bis de la Ley 11683, incorporado por el artículo 2 de la Ley 27826. Según detalló el especialista, “se trata de un beneficio transitorio sobre infracciones pasadas, que en mi opinión se combina con la reducción del 25% del artículo 49 bis de la Ley 11683, incorporado por el artículo 2 de la misma ley“, lo que eleva la quita total al 62,5%.
Al ejemplificar el cálculo sobre una multa de $ 10.000.000 aplicada a una sociedad anónima por omitir la presentación en término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital, Domínguez explicó que la rebaja del 25% la reduce a $ 7.500.000 y el descuento posterior del 50% la ubica en $ 3.750.000. Si bien afirmó que “la reducción de las multas por incumplimientos formales es bienvenida“, la calificó como “insuficiente“, advirtiendo que “aun con ambas reducciones, una multa de $ 3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar es un importe que la mayoría de las pymes no puede afrontar“, y reclamó que estas sanciones guarden proporción con la capacidad contributiva sin comprometer la continuidad de las empresas. (Agencia OPI Santa Cruz)
