Antes del fallo cautelar del Tribunal Internacional del Derecho del Mar previsto para el 28 de noviembre, la firma británica Rockhopper Exploration notificó deserciones en Londres, el astillero Seatrium evalúa cancelar la reforma del buque Aoka Mizu y cayeron las acciones de las petroleras.
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y operado por firmas británicas e israelíes, sufrió la baja de dos contratistas y enfrenta la posible rescisión contractual de un astillero en Singapur como consecuencia directa de las acciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por la República Argentina. A pocos días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, se pronuncie el próximo 28 de noviembre sobre las medidas cautelares solicitadas para frenar las perforaciones ilegales en el Atlántico Sur, la presión jurídica comenzó a alterar la cadena logística y financiera del emprendimiento.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la aplicación de las sanciones argentinas vigentes —que prohíben operar en territorio nacional y prevén causas penales contra petroleras y contratistas— “desató una ola de deserciones clave“. En ese escenario, la compañía británica Rockhopper Exploration notificó formalmente ante la Bolsa de Londres que dos empresas contratistas abandonaron el proyecto ante el riesgo de afrontar represalias judiciales y restricciones comerciales.
El impacto operativo alcanza también a la infraestructura central de producción del yacimiento. El astillero Seatrium, radicado en Singapur, analiza cancelar los trabajos de remodelación de la unidad flotante de almacenamiento y descarga Aoka Mizu (FPSO), buque indispensable para el procesamiento del crudo proyectado en la cuenca malvinense.
Impacto bursátil en Londres y Tel Aviv
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina destacaron el retroceso financiero sufrido por las compañías involucradas en el proyecto Sea Lion al cierre de la última semana bursátil. “Esta ofensiva legal y operativa ya se refleja con contundencia en los mercados internacionales“, subrayó la cartera diplomática, al precisar que “al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv“.
El canciller Pablo Quirno ratificó la estrategia jurídica del Estado argentino durante su disertación en el encuentro Marval Legal Forecast 2027, donde advirtió que el reclamo ante los tribunales internacionales continuará “con absoluta firmeza más allá de la resolución cautelar de Hamburgo”. Al justificar el bloqueo comercial y penal sobre los proveedores offshore, el ministro sostuvo: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable“, remarcando que operar sin autorización argentina en áreas disputadas acarrea un “alto costo de negocios“.
En paralelo a la demanda internacional en Hamburgo, el Poder Ejecutivo Nacional promueve en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, orientado a endurecer el esquema sancionatorio y bloquear futuras exploraciones no autorizadas en el Atlántico Sur. Aunque el tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados quedó frustrado esta semana por falta de quórum, el Gobierno nacional sostiene la vía judicial y las restricciones comerciales como ejes de su política exterior sobre las Islas Malvinas.
A pesar de las bajas técnicas comunicadas a sus inversores, desde Rockhopper Exploration sostuvieron que la operadora mayoritaria del consorcio, la firma israelí Navitas Petroleum, mantiene el cronograma para avanzar con la fase NDA 1 del yacimiento Sea Lion hacia 2027. Según argumentó la empresa británica ante el mercado financiero, el consorcio busca reemplazar a los contratistas salientes para mitigar las consecuencias del bloqueo legal argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)






