11:00 La intención del Gobierno es analizar cómo cambian los valores a lo largo de las cadenas de producción para instrumentar mejoras de competitividad; descartan que sea una vuelta a los controles
Por: Pablo Fernández Blanco
La medida surgió del corazón kirchnerista, fue inspirada por las políticas de control de precios que implementó Guillermo Moreno y tenía como objetivo final vigilar los valores de la cadena alimentaria. Sus sucesores macristas la tomaron, pero reorientaron su norte para combatir la inflación sobre la base de la competencia entre empresas y las mejoras de la competitividad sector por sector, en línea con los manuales que usan en la Casa Rosada y las reformas que implementará el Gobierno en los próximos meses para allanar el funcionamiento del sector privado.
Desde hace algunos meses, la administración de Mauricio Macri relanzó el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria (OCA), una herramienta que releva de manera periódica los precios de los alimentos en sus etapas de producción, distribución y comercialización. Es una herencia del kirchnerismo que se utilizaba para presionar a las compañías que aumentaban los precios de los productos más cercanos al bolsillo de los argentinos, en especial de los menos favorecidos por la economía. La medida cumplía el sueño de Moreno, obsesionado con tener en una mesiánica planilla de Excel las variaciones de cada uno de los elementos que componían el precio de un producto en la góndola en un contexto de inflación.
Después de varios meses en el limbo de la transición política, el Ministerio de Producción, que maneja Francisco Cabrera , recuperó el programa y lo puso al servicio de la nueva gestión. Está a cargo del subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner.
El primer paso ocurrió en abril pasado, cuando se creó la mesa agroalimentaria, en coordinación con el Ministerio de Agroindustria, que busca sistematizar en una única base de datos la información de precios de salida de puerta de tranquera (producción), los mayoristas y los minoristas de los principales alimentos de la canasta familiar. Los apuntados son las frutas y hortalizas, el pollo y los huevos, la carne vacuna, los lácteos y los farináceos.
Es el mismísimo sueño kirchnerista, pero Producción promete que la información no se utilizará para amedrentar empresas, sino para diseñar políticas que mejoren la competitividad y favorezcan la solución de los problemas estructurales que influyen sobre los precios. El objetivo, sí, es el mismo: que los argentinos paguen el menor valor posible por los productos que consumen y la inflación se oriente decididamente a la baja, más allá de la política monetaria del Banco Central.
Una fuente de Producción que pidió reserva de su nombre lo puso en estos términos: “Nosotros no creemos en los controles. Creemos en la calidad institucional de la economía, en la competencia y en hacer lo necesario para mejorar la competitividad atacando las diferentes problemáticas sector por sector. No se trata de una cuestión ideológica, sino de un hecho: con esta clase de políticas tuvimos una década de control de precios y el resultado fue una inflación acumulada de más del 700%. Pero lo más relevante es que la economía no se puso en funcionamiento y con la información no se generaba ninguna solución para los problemas estructurales de la cadena, que continúan”.
Impuestos y competencia
En forma paralela, Producción intenta contratar varios servicios de consultoría en la misma dirección. La Secretaría de Comercio , que maneja Miguel Braun , espera que le brinden información sobre la base del monitoreo y el análisis cualitativo de la evolución de precios en cadenas de valor y productos seleccionados, así como el análisis econométrico y estadístico de las bases de datos de precios existentes.
Para contener los precios en distintos eslabones de la cadena, no sólo en los alimentos, el Gobierno también parece dispuesto a meter mano en los impuestos que pesan sobre la actividad de la cadena alimentaria. Un documento oficial que vio LA NACION confirma que Producción mandó a medir cuál sería el impacto fiscal de determinadas propuestas de reforma tributaria enfocadas en la promoción de inversiones que mejoren el nivel de actividad (para la Secretaría de Transformación Productiva) a nivel nacional y los efectos sobre la actividad productiva de tributos nacionales, provinciales y municipales.
Es muy probable que esas inquietudes se vuelquen en la reforma fiscal que anunciará hoy el Gobierno. Entre otras cosas, se estudió el impacto de los mecanismos de amortización acelerada del impuesto a las ganancias y devoluciones anticipadas del IVA.
Además, pidió el análisis de alternativas para sustituir Ingresos Brutos, posiblemente el gravamen más cuestionado por el sector empresario, por esquemas relacionados con esquemas de un impuesto a las ventas, un IVA provincial, e IVA adicional al nacional, entre otras.
Finalmente, Producción analizó los lineamientos y costos de una reforma en los impuestos entre provincias que mejoren “la competitividad de la economía”. (La Nación)
