Por: Jaime Rosemberg
“Estamos en plena guerra”, asegura uno de los hombres que rodea al presidente Alberto Fernández cada jornada. La frase, dicha desde la intimidad de un despacho, tiene como referencia directa el proyecto de ley que prepara el Gobierno para modificar-hacia abajo-los regímenes especiales de jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior.
Mientras el borrador está siendo trabajado, en el mayor de los sigilos y con la venia presidencial, por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, las reuniones entre funcionarios se suceden. Participan, además, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular de Anses, Alejandro Vanoli, y Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia y a cargo la Oficina Anticorrupción desde 2009 hasta 2015. El objetivo es claro: tener listo el proyecto y comenzar a tratarlo antes del 29 de febrero, fecha tope para las Sesiones Extraordinarias que tiene a los regímenes especiales, o “jubilaciones de privilegio”, en el centro del temario del Poder Ejecutivo.
Si bien el proyecto aún no ha sido definido en su totalidad, hay algunas propuestas cobrando forma, siempre con la consigna del “consenso”, y de no confrontar con los sectores que se verían perjudicados. En el caso de la Justicia, el Gobierno propone, en reuniones informales con gremios que representan a los judiciales, subir la edad jubilatoria de los actuales 60 años a 65. También subir “un poco” los aportes al fisco (hoy es del 12 por ciento) de los funcionarios del Poder Judicial, cuya remuneración promedio a la hora de jubilarse es $234.000 pesos, un costo fiscal de $1718 millones.
Hoy los jueces de la Corte Suprema, Casación y camaristas aportan un 12 por ciento de su sueldo sin tope, una diferencia sustancial con otros sectores, a quienes se les descuenta un 11 por ciento de su sueldo, pero con un tope establecido. “Es cierto que aportan más al sistema, pero también ganan sueldos astronómicos. Y se jubilan con el 82 por ciento de su sueldo sin pagar Ganancias”, reflexiona un importante funcionario con despacho en Casa Rosada. Subir unos puntos ese 12 por ciento, y bajar “al 80” el porcentaje de sueldo que perciban al jubilarse, son algunas de las cifras que se están discutiendo.
“No hay intención de hacer tierra arrasada ni afectar a nadie, simplemente de acercar a esos regímenes a los valores de la mayoría, más normales y menos especiales”, afirmó a este diario uno de los funcionarios involucrados en el proyecto, que también apunta a reducir “de alguna manera” las jubilaciones del servicio diplomático, que son menos de 700 en total pero cuyas asignaciones representan, en promedio, unos $334.000 por beneficiario, con un costo de $257 millones anuales. También se jubilan con el 82 por ciento móvil.
En Balcarce 50 aseguran que una “deformación del sistema” generó que “regímenes que iban a ser sólo para jueces, terminaron ampliándose a otros funcionarios, empleados, asesores. Ahí se desvirtuó la idea original” de esos regímenes, razonó un funcionario que impulsa las reformas, más allá de las resistencias que genera. “Si hay un diálogo serio, al menos los jueces están dispuestos a conversar, no hay una mirada cerrada”, agrega otro referente del albertismo.
Más adelante, afirman las fuentes, la Casa Rosada intentará “racionalizar” otros regímenes especiales, como los científicos y los docentes, dos sectores que, en su mayoría e históricamente, apoyaron en bloque al gobierno kirchnerista. Y acercarlos a la jubilación mínima, que hoy ronda los $14.000 y cuya fórmula de actualización está congelada.
En el Gobierno creen que, a pesar de las amenazas de “judicializar” eventuales recortes, “va a haber proyecto y va a salir. No es lógico que se desfinancie el sistema general en un momento de crisis como éste”, expresan en Balcarce 50. (La Nación)
