El oficialismo tiene los votos para convertir en ley el proyecto; esperan apoyo de Juntos por el Cambio
El Senado avanzará esta semana en la sanción del proyecto de ley para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y de los miembros del servicio exterior de la Nación, en una sesión especial en la que se espera que la oposición acompañe en general la propuesta, pero que pida cambios en el debate en particular. La iniciativa se tratará el próximo jueves.
El Frente de Todos -que cuenta con el número suficiente de senadores para aprobar el proyecto- consiguió el dictamen en un plenario de comisiones del Senado, donde la oposición rubricó un dictamen en minoría con pedidos de cambios en algunos artículos.
El texto del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial de jueces y fiscales, que hoy es del 82% del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para obtener, en el caso de los hombres, la jubilación, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder al régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma ininterrumpida de los 30 años que deberán haber aportado.
Para el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, “hay un núcleo de coincidencias” con la propuesta del oficialismo, pero advirtió que “en lo esencial no cambia nada más que el sistema de actualización de remuneraciones”, y recriminó que puede provocar “un vaciamiento” del Poder Judicial.
En el plenario del último jueves, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, argumentó que el objetivo del Gobierno es “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional” y aclaró, ante cuestionamientos de la oposición, que no busca “expulsar jueces”.
“La verdad es que se trata de una reforma prudente y si esto provoca un éxodo nos preocupa. Es un exceso de sensibilidad”, opinó.
En el plenario de comisiones, tanto la oposición como los representantes de asociaciones de jueces y fiscales cuestionaron específicamente la derogación de incisos del artículo 16 de la ley, que permite que magistrados jubilados puedan cubrir vacantes en tribunales.
La Asociación Internacional de Jueces, en tanto, consideró ayer como “preocupante” el proyecto del gobierno, al advertir que se trata de “un claro avasallamiento a la independencia del Poder Judicial”.
“Es imprescindible un diálogo entre todos los organismos involucrados, con el tiempo necesario y la seriedad acordes con toda toma de decisiones exigibles del orden democrático y republicano”, manifestó la organización. (La Nación)
