14/07 – 08:20 – El juez Claudio Bonadio, que investiga el posible lavado de dinero en los hoteles de los Kirchner, ordenó hacer un peritaje contable de las diferentes empresas turísticas de la familia presidencial. Ese estudio, que puede durar meses, es la antesala del escenario más temido por Cristina: el posible llamado a indagatoria de sus hijos, Máximo y Florencia, y también de ella misma, accionistas de esos hoteles sospechados de haber sido utilizados para blanquear dinero tal vez obtenido de la corrupción.
Por: Nicolás Wiñazki
Clarín pudo saber que la Justicia ya tiene información contable de los hoteles K que da indicios firmes de finanzas sospechosas. Durante varios años, por caso, quien administró tres de los hoteles fue el socio presidencial y a la vez contratista del Estado, Lázaro Báez. Por el más grande, Alto Calafate, pagó a los Kirchner unos cinco millones de pesos de alquiler por año.
Cuando las denuncias sobre las irregularidades financieras de Báez se empezaron a investigar en la Argentina, Uruguay y Suiza, la contabilidad de los hoteles K cambió de modo radical. El Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, de El Chaltén, pasaron a ser manejados por la firma Idea Sociedad Anónima S.A, de un socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. El intentó “emprolijar” los números de Báez, y por ende también de los Kirchner.
Por el alquiler anual del Alto Calafate, Sanfelice paga ahora 800 mil pesos. ¿Báez le regalaba su dinero a los Kirchner? ¿Idea SA es realmente de Sanfelice o es una empresa pantalla manejada por los Kirchner? Por lo pronto, tiene su sede en la inmobiliaria en la que trabaja Máximo en Santa Cruz.
Bonadio envió a un grupo de funcionarios a pedir información sobre los hoteles a la inmobiliaria de Máximo, sede central de los negocios presidenciales. En doce años de poder kirchnerista, la justicia jamás había tocado esa puerta.
El juez prefirió pedir la documentación de modo formal, antes que allanar ese sitio, algo que igualmente podría suceder si es que le niegan los papeles contables y societarios que mandó a buscar allí.
A pesar de que los hoteles K son sociedades anónimas, manejadas por un directorio, los accionistas podrían tener responsabilidad penal por lo que pasó en sus empresas si la Justicia demuestra que esas firmas se armaron y se manejaron desde un inicio con el fin de cometer delitos financieros.
Fuentes judiciales explicaron ayer a Clarín que un juez experimentado como Bonadio ordena realizar un peritaje contable sobre las empresas presidenciales, y otras vinculadas a su entorno, porque tiene pruebas concretas de que en los papeles financieros que recolectó existen irregularidades que deben ser estudiadas por expertos. (Clarín)
