08:00 – El gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de nuevo Código Penal, que eleva las penas para la corrupción y los delitos violentos, al tiempo que deja a criterio de los jueces la posibilidad de suspender o eximir de pena a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo , en virtud de las circunstancias de cada caso.
Pese a que en la Casa Rosada prevalece la resignación acerca de que el proyecto no será sancionado este año, se mantiene la ilusión de que al menos pueda tener media sanción en la Cámara de Diputados. Más allá de las expectativas, existe el interés de que el debate de la reforma penal se meta de lleno en la dinámica de la campaña electoral, para ahondar diferencias con el kirchnerismo.
El proyecto de Código Penal fue encargado a una comisión de juristas presidida por el juez de la Casación Mariano Borinsky. El cuerpo empezó a trabajar en febrero de 2017 y terminó su tarea a comienzos del año pasado, pero el envío del proyecto de ley al Congreso se demoró por decisión de la Casa Rosada.
El principal motivo fueron las reformas en el artículo referido al aborto: el nuevo código no hace cambios revolucionarios, pero sí mejora la redacción y es un avance en la aplicación de la ley. El anteproyecto sigue penalizando el aborto, pero propone eximir de pena a la mujer que decida interrumpir su embarazo, lo que los jueces deberán analizar en cada caso concreto.
Además, reglamenta el fallo de la Corte Suprema conocido como F.A.L, que prevé que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual, receptando así la jurisprudencia del máximo tribunal.
El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica. También da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos.
Frente a la corrupción, se propone el decomiso anticipado de bienes y aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y se fijan agravantes si en el lavado de activos participa un funcionario. Son penas de cumplimiento efectivo. Las personas jurídicas, además, pueden ser responsables delitos.
También se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos violentos que hayan conllevado para la víctima graves daños físicos o mentales o la muerte, hasta que hayan cumplido 35 años de prisión.
El actual Código Penal se presentó hace 100 años y recibió centenares de parches. (La Nación)
