08:50 – Siguen llegando malas noticias para el Estado nacional desde el exterior. La exAFJP Orígenes (del grupo holandés ING, NNH y NNI Insurance International) reclamó ante el Ciadi por otra resonante estatización del kirchnerismo: la del sistema de jubilación privada, realizada en 2008. Así lo informó ayer el organismo en su página web. La demanda es por US$500 millones, afirmaron fuentes oficiales.
Por: José Luis Brea
El planteo llegó casi al mismo tiempo que dos datos negativos en sendos reclamos por otras dos estatizaciones del kirchnerismo: el tribunal arbitral del Ciadi falló en contra del país por el caso Aerolíneas Argentinas, condenándolo a pagar una indemnización de US$320 millones; y la Justicia de Estados unidos falló para que el juicio por la expropiación de YPF continúe en los tribunales de Nueva York, algo que el Gobierno argentino buscaba evitar.
Orígenes sigue funcionando en el país como compañía de seguros de vida y de retiro, pero está a cargo del grupo nacional BST y ya no tiene vinculación con el litigio por la exAFJP desde 2009, según fuentes de esa compañía. Ese año ING vendió todos los negocios de seguros y se retiró de América latina. Los accionistas actuales de Orígenes son los dueños del Banco de Servicios y Transacciones (BST) y del fondo Quinquela, y en 2011 adquirieron al BBVA la AFJP Consolidar.
En simultáneo, y luego de casi dos años, vuelve a avanzar el expediente de la primera AFJP que se había presentado ante el Ciadi por este mismo motivo: Metropolitan Life. La demanda de Metlife se había iniciado el 14 de junio de 2017, y luego de la conformación del tribunal y de las primeras audiencias, el año pasado, llegó a la formalización el mes pasado, obligando al gobierno argentino a contestarla. Fue la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, la encargada de replicar la demanda el 13 de mayo.
Por su parte, Metlife, que sigue en el país con otros negocios vinculados a los seguros de vida, de retiro y patrimoniales, también se presentó en el tribunal del Banco Mundial para pedir un resarcimiento por la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de eliminar el sistema de capitalización que administraban las AFJP. El monto que reclama es US$161 millones.
En una respuesta por escrito a la consulta de LA NACION, Metlife señaló: “A fin de resguardar los derechos de sus accionistas, MetLife ha iniciado en junio de 2017 un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en relación a la nacionalización de sus activos en el sistema previsional argentino en el año 2008. El arbitraje se ha iniciado conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre Estados Unidos y Argentina y la Convención Ciadi. Habiéndose iniciado el referido proceso legal, MetLife presentará sus argumentos en dicha instancia y no hará comentarios adicionales sobre la materia.”
Cristina Kirchner y Amado Boudou, por entonces director de la Anses, anunciaron en octubre de 2008 el envío del proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y poner en marcha un nuevo sistema de reparto estatal, que hoy sigue vigente. La ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entró en vigencia el 9 de diciembre de ese año y eliminó el régimen de capitalización creado en los ’90. El gobierno de entonces justificó la medida en que las administradoras eran un negocio para los bancos, que cobraban altas comisiones, causando pérdidas a los fondos previsionales de los aportantes.
La Argentina firmó numerosos convenios bilaterales en los años ’90 y adhirió, en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, a la jurisdicción del Ciadi, tribunal establecido en Washington “para facilitar la solución de controversias entre gobiernos e inversionistas extranjeros”. Allí se forman tribunales arbitrales caso por caso sin instancias superiores, por lo que los fallos son inapelables. Esto ha despertado fuertes críticas en el país en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, pero también de partidos como la Unión Cívica Radical (UCR).
Fuentes oficiales admitieron que cualquier fallo adverso para la Argentina sería muy peligroso como caso testigo para que otras exAFJP, que siguen existiendo como sociedades en liquidación, sigan el ejemplo. (La Nación)
