Por: Paz Rodríguez Niell
Por primera vez, el presidente Alberto Fernández dio detalles de su plan de reforma judicial. Estaba claro que quería apuntar contra la concentración de poder de Comodoro Py, pero hoy detalló cómo: aumentando el número de jueces que investiguen los “delitos contra la administración pública”; es decir, las causas de corrupción.
Los juzgados federales de Comodoro Py hoy son doce. El proyecto que presentará el Gobierno los llevará a más de 50. Para eso, convertirá en “federales” a decenas de jueces de instrucción: jueces penales que hoy resuelven casos “ordinarios”. Si el proyecto se aprueba, ese fuero penal ordinario se partirá. Algunos magistrados pasarán a ser jueces de la ciudad; otros, se fusionarán con los magistrados de Comodoro Py. Nada dijo el Presidente, en cambio, de otra versión que había circulado, que preveía la posibilidad de que a esa fusión se uniera también el fuero penal económico.
“No podemos seguir siendo rehenes de doce jueces”, le dijo Alberto Fernández a Mauricio Macri en su primera reunión después de las elecciones de octubre. Desde entonces, con Gustavo Béliz como padre del plan, Fernández trabajó sobre esta idea.
Algunos de sus funcionarios creyeron que el proyecto se había vuelto innecesario con la proliferación de vacantes en Comodoro Py; las concretadas (incluida la que dejó Claudio Bonadio, el emblema del lawfare para el kirchnerismo) y las que se anunciaron después del avance del plan de reforma jubilatoria. Sobre todo, porque está en marcha el cambio de sistema, hacia un régimen acusatorio, que le da más poder a los fiscales y hace que los jueces ya no tengan todo el control sobre la marcha de las causas.
Casi tres meses después del primer anuncio, el Presidente decidió avanzar con su plan de licuar Comodoro Py y cortar los vínculos con la Inteligencia que, paradógicamente, florecieron durante el kirchnerismo, cuando Antonio Stiuso se hizo fuerte en la justicia federal.
El Presidente lo anunciaba y las cámaras de TV tomaban a su secretario de Planeamiento Estratégico, Béliz, que en los tiempos de esplendor de Stiuso había propuesto una reforma como ésta y terminó autoexiliado.
También lo mostraban al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. La relación entre los jueces y el Gobierno atraviesa un momento de tensión; sobre todo, después de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que recorta las jubilaciones de los jueces. Pero el mundo de los tribunales y sus relaciones están llenos de matices. Rosenkrantz y los jueces más poderosos de Comodoro Py nunca se llevaron bien. Era con Ricardo Lorenzetti con quien tuvieron siempre la relación más estrecha. La reedición del plan Béliz no le desagrada para nada al nuevo presidente de la Corte.
La propuesta del Gobierno incluye fusionar otros dos fueros: el contencioso administrativo federal, y el civil y comercial federal. Así como la fusión de las estructuras penales apunta a licuar Comodoro Py; esta otra modificación apunta a licuar contencioso administrativo, el poderoso fuero que revisa la validez de los actos del Estado.
Tal como estaba previsto, el Presidente no anunció proyectos de reforma de la Corte Suprema -otro alivio para Rosenkrantz- ni del Consejo de la Magistratura, más allá de la promesa de “ponerle fin a la designación de jueces amigos”. Fernández sí dijo que creará, para que lo asesore en futuras propuestas, un “Consejo para Afianzar la Administración de Justicia”, formado por “prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial”.
Entre los temas que le va a encomendar -anunció- está “repensar el alcance del recurso extraordinario” (es decir, la determinación de qué casos son los que llegan a la Corte) y “mejorar el trabajo” del Consejo de la Magistratura. Con la misma amplitud, dijo que le pedirá asesoramiento para “modernizar el Código Penal de la Nación” (ninguna referencia hizo al último proyecto de código presentado) y “fortalecer el rol del Ministerio Público”.
En la práctica, toda futura modificación del Ministerio Público está supeditada a un asunto caliente: la definición de la suerte de Daniel Rafecas, el juez de Comodoro Py a quien Alberto Fernández propuso para ser el nuevo procurador general de la Nación. Para su nombramiento necesita el acuerdo de una mayoría especial en el Senado, que le demandará al Gobierno reconstruir los puentes con la oposición, que quedaron muy dañados después de la aprobación de la reforma del régimen jubilatorio de los jueces. (La Nación)
