A tres años de la muerte de Santiago Maldonado, el Gobierno reflotó el caso con una denuncia penal contra Pablo Noceti, exjefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, por su participación en el operativo de Gendarmería que terminó con el fallecimiento del joven.
La cartera que hoy conduce Sabina Frederic se presentó en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar a Noceti como presunto partícipe en la comisión de delitos de acción pública. Según la ministra, las órdenes de Noceti constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. La denuncia alcanza también a Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería, y al comandante general Ernesto Oscar Robino, exsubdirector nacional de la fuerza.
Maldonado murió el 1º de agosto de 2017, ahogado en el río Chubut, mientras huía de la Gendarmería, que lo perseguía luego del corte de una ruta en el sur de la provincia. El kirchnerismo acusó al gobierno de Mauricio Macri durante la campaña electoral de ese año de haber secuestrado, desaparecido y asesinado a Maldonado. Sin embargo, el 17 de octubre de ese año, la Justicia halló el cuerpo y dio por probado que no hubo ni torturas ni desaparición forzada, sino que se había ahogado.
Así lo declaró el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien cerró el caso y lo archivó en noviembre de 2018. Los familiares de Maldonado, apoyados por organismos de derechos humanos, recurrieron el fallo. En septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reabrió la causa, en un fallo que fue ratificado por la Cámara Federal de Casación.
La denuncia que hoy presentó el Gobierno, según dijo la ministra, surge de una revisión interna en las fuerzas de seguridad iniciadas en enero de este año, poco después del cambio de gobierno. Frederic aclaró que esa suerte de auditoría no está ligada a los procesos en marcha en la Justicia, sino que tiene “finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no solo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente”.
“Ingeniería de impunidad”
El informe, de 600 páginas, señala que hubo órdenes de Noceti en 2017 (que fueron avaladas por las autoridades de la Gendarmería y por los procedimientos internos de la fuerza) que constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1º de agosto de 2017 en la Ruta 40”. El escrito afirma además que el despeje de la ruta por parte de las fuerzas de seguridad se dio por la “voluntad política” de Noceti.
Consultado por LA NACION, Noceti dijo: “Todavía no la leí completa [la denuncia], pero yo no di ninguna orden. Con el cargo que tenía, yo no podía dar órdenes operativas. Fui intermediario. Esa noche hubo un corte en la ruta 40 y la orden la dio el juez. Yo lo que hice fue una función de intermediación, entre el juez y la fuerza”.
El informe de Frederic sostiene en cambio que “Noceti desoyó las advertencias de los jefes de escuadrones de la región, que le indicaban que para el despeje debía emplearse la unidad móvil especializada para esos operativos, y no a personal no entrenado para este tipo de operaciones”. De acuerdo con el informe, los efectivos que estaban allí ese día no tenían la preparación ni el equipamiento necesarios.
“Hacer el informe era una asignatura pendiente -dijo Frederic-, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el sistema interamericano de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos, que han exigido que se conozcan los hechos, incluso como acto reparatorio con la memoria social.”
Frederic presentó el informe acompañada por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
Pietragalla afirmó que durante el macrismo hubo “irregularidades” y que se “implementaron órdenes arbitrarias”. “Ayer denunciábamos la violencia institucional como opositores y hoy tenemos la responsabilidad de denunciar y acompañar a las familias, porque lo que no queremos es un Estado que fomente las violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Por su parte, Crous, quien fue titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, sostuvo que fue “muy penoso” ver la “precipitada degradación” de la Gendarmería tras el caso Maldonado, “en función de decisiones que se corresponden a instancias superiores a las propias fuerzas”.
Según el Ministerio, el informe que ordenó Frederic al comienzo de su gestión tenía como objetivo la “revisión exhaustiva de las actuaciones de las fuerzas de seguridad en aquellos casos en los que su participación requirieran deslindar y establecer responsabilidades sobre su accionar y consecuencias”. Según la ministra, las actuaciones de las fuerzas de seguridad “dejaron entrever marcadas inconsistencias entre los resultados de los operativos, sus causas, sus explicaciones y la normativa que los rige”.
Además de Noceti, Otero y Robino, el informe apunta a otros tres funcionarios de la Gendarmería.
Según el escrito, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi -jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40-, se retiró de la zona y dejó la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía. El informe sostiene que se evidenció “falta de mando, compromiso y responsabilidad”.
La denuncia señala también al comandante principal Fabián Arturo Méndez, jefe del Escuadrón 35 El Bolsón, quien, designado por Balardi, se habría ausentado de la zona del conflicto, dejando al mando a funcionarios de menor jerarquía y “ajena jurisdicción”.
Por último, la investigación señala al comandante principal Juan Pablo Escola, acusado de haber evitado “informar al juez federal competente y al jefe del operativo sobre la situación en el terreno y haber ordenado, en forma intempestiva y apresurada, que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la ruta poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes”.
Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a LA NACION que la denuncia fue sorteada hoy en los tribunales de Comodoro Py y le tocó al juzgado federal 7, del juez Sebastián Casanello. (La Nación)
