Por: Gabriela Origlia
Para el economista del Ieral Jorge Vasconcelos podría haber un punto de inflexión si el conjunto de gobernadores concluyera que con las “actuales políticas económicas” puede haber una década más de estanflación, “lo que es perjudicial para las provincias más dinámicas, pero también para las que son más dependientes de los giros nacionales”. ¿Hay chances de que se dé ese consenso? En 2021, año electoral, las provincias tendrán más flexibilidad para gastar ya que quedan sin efecto los principales puntos de la ley de Responsabilidad Fiscal. Pero esto tiene consecuencias directas sobre la calidad del empleo: en16 de las 24 jurisdicciones, el empleo público ya es más que el privado en el total provincial.
Esos distritos coinciden en ser los que más dependencia tienen de los giros de fondos nacionales (coparticipación y transferencias discrecionales). Hay economistas convencidos de que esa falta de autonomía quita incentivos para impulsar la actividad privada.
En la última reunión con el presidente Alberto Fernández para definir restricciones a la movilidad en 18 provincias por el aumento de casos de Covid-19, fueron los mandatarios de provincias “productivas” los que más reparos pusieron al regreso a la cuarentena dura. En sus presupuestos, la recaudación propia tiene importancia, no todo es dinero que viene de la Casa Rosada.
Ciudad de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén son los únicos distritos en donde es mejor el ratio entre empleo privado y público, según datos del Ieral. Son también los que más autonomía tienen respecto de los giros nacionales; sus gobernadores deben impulsar la actividad privada por el rol clave que tiene en sus ingresos.
Para Neuquén -con datos de 2019, elaborados por el Iaraf- la coparticipación representa el 19% de sus ingresos totales; esa proporción es de 24% para CABA, 29% para Chubut, 36% para Buenos Aires, 44% para Tierra del Fuego y Córdoba, 47% para Mendoza y 51% para Santa Fe. Los números no incluyen los giros discrecionales de Nación, segmento en el que Buenos Aires es la ganadora absoluta.
Las más dependientes de las transferencias de la Casa Rosada son Santiago del Estero (80%), La Rioja (76%) y Formosa, Catamarca y Jujuy (74%). Todas están en la base de la pirámide a la hora de evaluar el peso del empleo privado sobre el global.
Según un trabajo de la Fundación Libertad con datos en 2018 (desde entonces hubo destrucción de empleo privado), en Catamarca hay 171,1 agentes públicos por cada cien privados registrados; detrás vienen Formosa (167,4), La Rioja (146,9), Jujuy (135,4) y Santiago del Estero (117,4).
La contracara son, precisamente, los distritos con menos dependencia nacional. Córdoba lidera la tabla de la proporción más baja de empleados públicos sobre la población ocupada: 7,9%, seguida por Buenos Aires con 9,2%, Santa Fe con un cociente del 9,3% y Mendoza, 11,2%. CABA tiene 13,8%. En la otra punta de la tabla están Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz, donde la cantidad de trabajadores del Estado equivale al 29,3%, 25,8% y 25,1% del total, respectivamente.
Recaudación propia
En la estructura de la recaudación propia de las provincias, Ingresos Brutos (IIBB) es el impuesto más importante. En promedio representa el 70% del total, aunque hay casos en el que supera el 80%. Aunque varias jurisdicciones ya comienzan a discutir sus presupuestos y leyes tributarias para 2021, todavía la Nación y los gobernadores no definieron qué pasará con ese impuesto el próximo año.
En este período el presidente Alberto Fernández suspendió el pacto fiscal, que establecía una reducción gradual de impuestos hasta 2022. Incluso hubo algunas subas aprovechando que el acuerdo tiene una tabla con valores topes. La hipótesis de mínima es que en 2021 seguirá todo como hasta ahora; el año pasado ya se había frenado la reducción del impuesto a los Sellos.
Entre las provincias con más dependencia de Nación y más peso del empleo público, algunas también tienen las alícuotas de IIBB más altas. Por caso, Jujuy grava con 3,5% a la industria manufacturera (es la más alta del país). Le siguen Corrientes, con 2,9%, y Chubut, con 2,5% (este distrito carga con 3,5% a la construcción. Con San Luis encabezan ese listado).
Son también distritos en los que las valuaciones de casas y autos (bases de los impuestos patrimoniales) están atrasadas hace años. Retocar esas cargas tiene un costo político más alto que el de IIBB que, aun siendo más distorsivo, es percibido menos directamente por las familias.
Para la consultora Idesa, el actual esquema de distribución de recursos fiscales desalienta “el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo; premia la mediocridad”, y entiende que eso no cambia reformando la coparticipación. “Más conducente es eliminarla y que cada provincia recupere potestades tributarias para autofinanciarse. Para las provincias del norte, que por su rezago relativo pueden no autofinanciarse, se debe contemplar un fondo de convergencia que cubra las brechas de financiamiento y las induzca a acelerar su desarrollo”. (La Nación)