Por: Candela Ini
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y a empresarios del rubro del transporte en una causa vinculada al caso cuadernos de las coimas en la que se investigaron subsidios entregados a las empresas de colectivos. En total, fueron sobreseídas con este fallo al que accedió LA NACION 213 personas.
La vicepresidenta había sido procesada en este caso por el fallecido juez Claudio Bonadio, pero la Cámara Federal revocó esa medida en junio del año pasado, y por eso Martínez De Giorgi, que subroga el juzgado de Bonadio, debió volver a pronunciarse.
Se trata del expediente sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios para las empresas de colectivos. Hasta este momento, los procesamientos dictados por Bonadio contra la expresidenta habían sido confirmados por la Cámara. Pero en este caso, los jueces consideraron que el expediente no tiene prueba suficiente.
Bonadio había procesado a Cristina Kirchner y a exfuncionarios de su gobierno como Ricardo Jaime, Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi “por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores”.
En principio, se les imputó “haber participado en una defraudación en perjuicio de las arcas del Estado Nacional que se extendió entre julio de 2003 hasta marzo de 2014, por aproximadamente 609.326.186 pesos”.
La hipótesis indicaba que los informes de kilometraje de los colectivos habían sido adulterados para que las empresas recibieran mayores cifras de dinero por los subsidios. En esta causa hay dos informes, uno de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el sistema SUBE y otro de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que advertían sobre la dificultad de controlar la asignación de subsidios a las empresas de colectivos.
Cuando la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó los procesamientos que había firmado Bonadio, le encomendó realizar nuevas medidas de prueba como un informe pericial en el que se incluyan “todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial”.
Sin haber ordenado un nuevo peritaje, Martínez De Giorgi concluyó que “los sistemas de distribución de los subsidios eran extremadamente complejos y es imposible realizar en la actualidad, dado el tiempo transcurrido y la carencia de datos certeros -en los términos a los que hiciera referencia el Superior en su intervención-, un amplio estudio pericial que contribuya a esclarecer los hechos imputados en autos”. (La Nación)
