(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La frenética labor del gobernador Mariano Arcioni y sus colaboradores políticos, empresarios y sindicales, no descansa para avanzar convenientemente en la instalación definitiva de la megaminería en Chubut.
La decisión está tomada y Arcioni tiene cada vez menos tiempo. Desde el gobierno nacional le han condicionado las ayudas financieras a la provincia, al logro de los “acuerdos” necesarios que permitan el ingreso de las multinacionales que tienen un plan perfecto para explotar intensivamente el macizo central, pero para ello deben vencer escollos importantes, como la aceptación pública de la actividad. Uno de los sectores es el político, ya que sectores del propio peronismo y la UCR han dicho que no concurrirán al debate sobre minería, por considerar que es un vector de opinión política de interés propio del Poder Ejecutivo, pero no recoge consenso popular y hay políticos provinciales que no quieren quedar en medio del fuego amigo, en un año eleccionario.
Carlos Linares representando su espacio emitió un comunicado en uno de sus tramos dice “Ante la postura imperativa de pretender abrir un espacio de supuesto debate con la sociedad sin ningún tipo de consulta previa o análisis donde el Gobierno solo busca exponer en tiempo récord sus ideas sobre una política extractiva de las próximas décadas de Chubut, el Partido Justiicalista expresa que no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de vida de todos en beneficio de pocos», dice la mesa de conducción del PJ Chubut, contrariamente a lo que propone el partido a nivel nacional. No se puede en 48 horas y por los medios, convocar a las instituciones para definir en cinco días cuestiones de 30 años de políticas productivas”.
El diputado Radical Mario Pagliaroni dijo ayer en FM El Chubut: “no creemos que aporte nada nuevo, nos parece que el Gobierno tiene cuestiones más urgentes que atender como la educación, y los problemas de abastecimiento eléctrico. Es un intento del Gobierno de promocionar el proyecto y tememos derecho a no participar”.
Todo controlado
Como forma de darle un viso de seriedad a la propuesta megaminera y especialmente atacando las críticas medioambientales, el Ministro de Medioambiente de la provincia confirmó la realización de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, que prevé la instrumentación de una auditoría internacional. Con este paso, el gobierno de Arcioni pretende compensar las críticas de los sectores que se oponen a la megaminería, aludiendo el impacto irreversible de la actividad en la opinión pública provincial. Pero el chubutense medio sabe que son fuegos de artificio y engaño público, para torcer la luz de la verdad. Ayer OPI publicó la posición de un intendente del interior, donde exponía las presiones.
Y como si faltara un detalle más para demostrar que todo el armado de la propaganda oficial es parte de una estrategia oficial de “convencimiento” y permanente contradicción, quien opinó en el diario El Chubut, fue nada menos que Juan José Gioja, el presidente del PJ nacional (el mismo al que CFK le mandó a surcirse el orto), un hombre que como gobernador fue lobista minero, socio de la Barrick (como CFK) tiene intereses en empresas multinacionales y dejó a San Juan en las peores condiciones de contaminación ambiental debido a la falta de controles ambientales y la predilección por los negocios de la megaminería; nada menos que él, opinó sobre la futura minería en Chubut diciendo, entre otras cosas: “La minería es una actividad absolutamente lícita como lo es cualquier actividad productiva. Lo fundamental es la licencia social, la tienen que trabajar el Gobierno provincial las empresas -que por ahí miran para otro lado-, y también el Gobierno nacional, que a veces no se mete en los problemas provinciales”, aclaración que Gioja hace innecesariamente, porque claramente es una actividad lícita, lo ilícito es cómo lo hizo él en San Juan donde contaminó acuíferos, tierras, y poblaciones enteras y nadie mejor que Gioja para saber que sin licencia social, es una actividad que lo lleva al sector político a perder votos. Posteriormente el ex gobernador recordó su propia experiencia, pero no dijo nada sobre las denuncias que por negociados mineros y desastre ambiental, terminaron con su gobernación luego de tres mandatos.
Para muestra basta un botón
En septiembre de 2015 se produjo un derrame de cianuro en la mina de Barrick Gold en Veladero, en San Juan. Unas semanas después se conoció un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que indica que el agua de la localidad de Jáchal tenía altos niveles de metales pesados. El escándalo internacional que rodeó el tema, traspasó los diarios más importantes del mundo. La abogada Alejandra Guevara denunció que el Estado permitía estas situaciones porque “se financian campañas políticas y los funcionarios del Estado se manejan como empleados de las empresas“, aludiendo a Gioja y sus pares provinciales y nacionales.
Si se investigaran todas y cada una de las provincias donde se desarrolla la minería en el país, no diferirían de San Juan, con algunas modificaciones procedimentales en el ocultamiento, el manejo de la prensa y la complicidad de gobiernos, sindicatos, empresas y organizaciones, a veces inexistentes como en Santa Cruz, donde “la minería se hace o se hace” y nada, ni siquiera la voz del pueblo, es escuchada porque han logrado un nivel de aplastamiento de la crítica, inédito en otro lugar del país y menos aún, en Chubut, donde el pueblo participa y muy activamente en el control de los negocios y las mentiras oficiales. (Agencia OPI Chubut)