Según publica Clarín Lo propusieron los diputados y senadores del Frente de Todos en el dictamen de la comisión de Inteligencia en el que denuncian al gobierno de Mauricio Macri por espionaje ilegal.
Por: Jazmín Bullorini
Diputados y senadores oficialistas que integran la Comisión de Inteligencia presidida por Leopoldo Moreau presentaron este martes un informe para denunciar un “plan sistemático de espionaje ilegal” para “perseguir oponentes” durante el gobierno de Mauricio Macri y piden la creación de una nueva Bicameral que examine las conductas de “un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte”. Entre ellos, el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y el procurador Eduardo Casal.
La oposición firmó un dictamen de minoría, presentado por Cristian Ritondo (PRO) que señala que la comisión excedió sus facultades legales, que es imparcial y que los testimonios son inválidos.
En marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias, ya había trascendido la intención de crear una bicameral para investigar y hasta citar a jueces y fiscales, con aval del Ejecutivo.
En ese entonces, la ministra de Justicia Marcela Losardo había aclarado que sería un “órgano de asesoramiento” y que no iba a “poder sancionar jueces porque eso no es constitucional”.
Este martes, los legisladores oficialistas reflotaron el tema y anunciaron la intención de avanzar en ese sentido en una conferencia de prensa encabezada por Moreau y el senador Oscar Parrilli.
“Cuando avanzamos en la investigación nos tropezamos con que en parte de esta estructura mafiosa han participado fiscales, jueces, camaristas, y probablemente miembros de la Corte”, afirmó Moreau y siguió: “Como bicameral de Inteligencia no podemos avanzar más porque no son nuestras facultades. Por eso recomendamos la creación de una comisión parlamentaria a efecto de estudiar y analizar la conducta de estos magistrados tomando en consideración que el Congreso dicta leyes orgánicas del Poder Judicial y como dijo Alberto Fernández tiene facultad de llevar adelante el control cruzado”.
En ese sentido, confirmó que Rosenkrantz y Casal están en la mira. “Es ineludible llevar adelante un informe sobre el papel del Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Tampoco puede escapar a esta investigación la actuación de fiscales y el mismo procurador interino (Eduardo Casal) y obviamente jueces federales que se prestaron a estas maniobras”, afirmó Moreau.
El dictamen de mayoría del Frente de Todos plantea que durante 2015 y 2019 “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”, y asegura que se llevó a cabo “en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial”.
“Las “células paralelas” eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, afirma el documento y sostiene que “el objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”.
A la par, el documento apunta contra los medios y la Justicia. “De esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el judicial”.
En esa línea, solicitan la creación de una nueva bicameral “que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
Juntos por el Cambio, que firmó un dictamen de minoría, denunció por su parte “una persecución política contra la administración del gobierno anterior, a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.
En ese sentido, afirman que el kirchnerismo transformó la bicameral de Inteligencia “en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite”.
“Se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser que no es otra que la fiscalización, ha violado el secreto impuesto por ley, y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”, apunta el dictamen de la minoría.
Para crearse una bicameral de este tipo, el oficialismo debe presentar un proyecto y aprobarlo en ambas Cámaras. El Senado tiene mayoría suficiente para aprobarlo, sin embargo, en Diputados el Frente de Todos necesita de aliados y el camino es ríspido.
La Reforma Judicial y la Ley de Procuración están frenadas en la Cámara baja desde el año pasado. (Clarín)