Según publica Clarín Lo explicó el fiscal del juicio de Oil Combustibles, que pedirá condena este jueves: planes de AFIP para bicicletear deudas, préstamos a sus firmas y aumento de su capital.
Por: Lucía Salinas
En su alegato final, el fiscal Juan García Elorrio sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) que hay elementos suficientes para pedir una condena contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en la causa donde se investiga una defraudación multimillonaria al Estado, por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a través de la firma Oil Combustibles SA. Los números expuestos en el juicio muestran cómo López y de Sousa financiaron a otras empresas de su holding Indalo, mientras crecía la deuda fiscal de Oil: de 163 millones de pesos a 5.900 millones en cuatro años.
Cristóbal López, su socio De Sousa y Ricardo Echegaray están acusados de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el ITC con Oil Combustibles, la petrolera que, con la quiebra decretada, fue rescatada este año gracias a la ayuda de la AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont.
Según la acusación del fiscal de instrucción que envió a juicio a todos los acusados, Oil Combustibles contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero sus dueños “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco” y las entregaban en “concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Se analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K “de manera ilegal e irregular”, desde la AFIP.
Según la investigación, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Por eso se habló en el expediente de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.
Al momento de analizar el otorgamiento “sistemático y permanente” de planes de facilidad de pagos que la AFIP concedía a Oil, el fiscal del juicio García Elorrio señaló que cuando los obtenía, la empresa de López y De Sousa realizaba préstamos a sus otras sociedades relacionadas por más de 91 millones de pesos, mientras evolucionaba la deuda de Oil con el fisco. “Hay una correlación de los aumentos del pasivo y los préstamos otorgados a las empresas”, señaló.
Durante la segunda jornada de sus alegatos, el fiscal se refirió a los balances de Oil Combustibles desde 2011 a 2015, exponiendo así por un lado cómo se acrecentaba la deuda con la AFIP que dirigía Ricardo Echegaray, y en simultáneo cómo iban realizando millonarios préstamos a diferentes empresas del holding Indalo.
Por ejemplo, en 2011 la deuda del ITC con el fisco era de 163 millones de pesos, en tanto los préstamos a las empresas ascendían a 161 millones de pesos.
El año siguiente los números fueron superiores: la deuda de ITC se había incrementado sustancialmente: 1.200 millones de pesos, mientras que los préstamos a empresas fueron de 1.267 millones de pesos. Los préstamos fueron otorgados a Inversora M&S, firma que en ese momento era inquilina de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero.
También estaba en la lista de las empresas que recibían préstamos de Oil, CPC SA, la constructora que inició en 2018 su concurso preventivo de acreedores. Esta firma ganó recientemente un contrato de 427 millones de pesos para el mantenimiento, bacheo y asfalto de un tramo de la Ruta 3 en Chubut y Santa Cruz, obra que dejó inconclusa Lázaro Báez habiendo cobrado un sobreprecio del 300%, según determinó la justicia.
Para el 2013 la deuda de Oil Combustibles con la AFIP era de 2.200 millones de pesos, y en simultáneo los préstamos concedidos a diversas empresas del grupo fueron de 2.215 millones de pesos.
Año a año, consignó el fiscal, la deuda se acrecentaba sin que se pudiera determinar si efectivamente iba a poder cobrarse. En 2014 la deuda por el ITC ya era de 3.000 millones de pesos, y en paralelo los préstamos a empresas vinculadas a Indalo alcanzaron los 3.049 millones de pesos.
El último año contabilizado en la investigación judicial fue 2015. La deuda acumulada era de 5.900 millones de pesos y los préstamos a un grupo de empresas fue de 4.084 millones de pesos.
Al analizar estos números, el fiscal García Elorrio indicó que en la causa no se lograron “acreditar los argumentos de la empresa sobre la crisis financiera que afrontaba para justificar la falta de pago de los planes de pago”. Ese planteo fue central al momento de justificar el permanente pedido de planes de facilidad de pagos.
El representantes del Ministerio Público Fiscal concluyó que de las 55 obligaciones fiscales adquiridas por Oil “metió su deuda en 48 planes de facilidades de pago”. Se dijo que había una deuda global de 9.000 millones de pesos, “y un total de 6.600 millones estaban impagos por falta de cancelación de las cuotas de los planes de pago”.
Según la acusación, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Por eso se señaló que existió la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”.
El perjuicio a las arcas del Estado por el dinero que dejó de percibir en concepto de impuestos, a través de su organismo recaudador, “asciende a la suma de 5.144.538.391,07 pesos en concepto de capital”, sostiene la acusación.
La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP, acusado de ser autor de la defraudación. Según el fiscal, Echegaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. (Clarín)
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