Según publica Clarín En su pedido al TOF 5 para que se haga el juicio oral por lavado, Diego Velasco refutó el principal argumento del abogado de la vice.
Por: Lucía Salinas
Cristina Kirchner quiere evitar el juicio por lavado de dinero en las causas que también los tienen como acusados a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Pidió que todos sean sobreseídos en el expediente que analiza el blanqueo de 120 millones de pesos, operaciones que fueron realizadas con la participación de Lázaro Báez y Cristóbal López. Pero el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5, Diego Velasco, insistió en que el juicio debe realizarse, pero además recordó cómo fueron las operaciones bajo investigación, paso a paso, cómo se perpetraron los delitos atribuidos durante la instrucción.
Los Kirchner tienen dos empresas: Los Sauces SA dedicada al rubro inmobiliario pero sin ninguna sede comercial. Sus principales inquilinos fueron Báez y López (el 86% de la facturación). El dueño del Grupo Austral construyó edificios de departamentos para la inmobiliaria que después alquilaba con tres de sus firmas, todas contratistas del Estado.
La otra firma es Hotesur SA, que fue manejada hasta 2013 por Valle Mitre SRL (de Báez). Como esta última no contaba con fondos, Austral Construcciones (cuyo único cliente era el Estado nacional) le giró más de 70 millones de pesos. Ese dinero que provenía de la obra pública terminaba en el patrimonio de los Kirchner: con esos fondos pagaba la explotación de los hoteles y alquiler de habitaciones que no utilizaba.
La justicia dijo que todos los alquileres a traves de las dos firmas fueron ficticios, que ni Los Sauces ni Hotesur tenían algún fin comercial, sino sólo ser “una pantalla para concretar maniobras de lavado de dinero”.
En su pedido para ser sobreseída sin juicio, la defensa de la vicepresidenta sostuvo que durante la etapa de instrucción se realizó una pericia sobre la inmobiliaria Los Sauces, donde se dijo que “todos los pagos provenientes de Valle Mitre, Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (estas dos últimas de Cristóbal López) estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”.
En base a ese argumento la defensa sostuvo que como todos los movimientos de fondos se encontraban bancarizados, no se podía sostener la acusación por lavado de dinero. El mismo planteo fue utilizado respecto a la firma hotelera Hotesur.
El movimiento de fondos
El fiscal Velasco se refirió a estos puntos. En primer término, explicó que sobre todos los pagos analizados se había pedido la causa que origina la erogación, fecha y forma de pago y documentación que da cuenta de las respectivas operaciones. “Cabe hacer expresa mención a las dificultades y pormenores que se le presentaron a los expertos a la hora de cumplir con la tarea encomendada”, señaló.
¿A qué dificultades se refiere? Los peritos explicaron que no contaron con toda la documentación contable y libros diarios de Los Sauces, todo necesario para completar la tarea pericial. “Resulta a las claras que la información consignada en dicho estudio pericial no brinda un anclaje probatorio serio y contundente como para lograr el dictado de un sobreseimiento a una causa judicial de semejante envergadura y precisamente”, dijo Velasco.
La fiscalía recordó que durante la instrucción se realizó una pericia que la defensa de Cristina Kirchner conoce. Ese informe expuso que en el cruce de información entre las facturas de venta y las acreditaciones bancarias, “se verificaron dificultades para realizar la tarea, como ser: los clientes de Los Sauces. realizaban retenciones impositivas sobre el monto de las facturas por lo que no se puede ligar una factura con un pago sin conocer el monto de la retención; se detectaron cheques que abonaban más de una factura; se detectaron facturas que eran abonadas con más de un cheque; se detectó el pago de anticipos o partes de facturas”.
Desde enero de 2009 al 31 de marzo de 2016, Los Sauces facturó a las empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López, Osvaldo Sanfelice y a dos cooperativas de sospechosa procedencia, 25.975.868,54 pesos.
Hay otro número que fue peritado: desde 2009 a junio de 2016 se hicieron “transferencias recíprocas” entre las mismas empresas y Los Sauces por 63.556.114 pesos.
“Simulación de alquileres”
El fiscal Velasco retomó parte del procesamiento contra la familia Kirchner y señaló que “Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández, Máximo Carlos Kirchner fundan la empresa Los Sauces con el objeto de que se canalicen por allí y mediante locaciones de inmuebles los pagos ilegales del delito precedente, la obra pública concedida a Lázaro Antonio Báez”.
Respecto del argumento según el cual “el dinero recibido por Los Sauces en todos los casos proviene de transferencias de dinero que se encontraba depositado en instituciones bancarias”, Velasco le recordó a Cristina Kirchner su procesamiento, donde se explica que “el dinero ilícitamente obtenido por el Grupo Báez necesitaba ser blanqueado”, entonces explicó la operatoria: “las pingües ganancias obtenidas por Lázaro Báez gracias a los contratos de obra pública vial, en el marco del acuerdo criminal celebrado con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, no podían ser distribuidas sin más con los antes nombrados”.
Como aquellos beneficios “excedían los márgenes normales de utilidad empresaria y constituían dinero “negro”, no podía ser entregado directamente a los ex mandatarios”, recordó el fiscal.
El dinero al patrimonio
Al detallar la maniobra, el fiscal indicó que para que “ellos (los ex presidente) pudieran acceder a parte del dinero proveniente de la obra pública, era ineludible establecer una causa jurídica que permitiera transferirles parte de esos activos ilícitos”. Se refirió a lo que el procesamiento definió como “los supuestos alquileres de inmuebles representaba una causa formal y en apariencia “lícita”, para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido”.
Por tanto, la presencia de alquileres y otras operaciones comerciales que, tomadas aisladamente “podrían resultar regulares y legítimas, cobran distinto alcance y significación frente a un obrar delictivo previo y concomitante, que resulta un claro indicador de generación de dinero ilícito y de la necesidad de que parte de esos fondos fuera transferida al patrimonio de los ex presidentes”, citó el fiscal.
Todos estos números y planteos “son prueba expuesta a partir de la instrucción suplementaria, hechos ya tratados, analizados, peritados y valorados en un auto de procesamiento que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, y luego elevados a juicio”, dijo Velasco y reiteró que “los hechos en los que se centra la imputación son de una gravedad institucional altísima”. (Clarín)
