Según publica La Nación Lo decidió la Cámara Federal con la firma de Irurzun y Farah; cambiaron la calificación legal por una más benigna; Boico, en disidencia, votó por dictar la falta de merito.
Por: Hernán Cappiello
El mismo día en que un grupo de manifestantes atacó con piedras y bombas de pintura el Congreso, en medio por el debate del acuerdo con el FMI, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de cuatro manifestantes que se enfrentaron con proyectiles contra la policía en diciembre de 2017, cuando se discutió una ley de reforma previsional en el Congreso y se arrojaron toneladas de piedras contra las fuerzas del orden.
Los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah decidieron confirmar los procesamientos de Jorge Fernando Herrera Castillo, Carlos Abel Bordón, Carlos Eduardo Artacho y Yamil Emanuel López, a los que sin embargo aliviaron de sus cargos. Todos venían procesados por el delito de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado, y solo les quedó esta última acusación.
Esto es así porque los hechos por los que fueron procesados ocurrieron después de la manifestación, cuando ya se habían generado los incidentes.
Por otro lado, la mayoría del tribunal decidió revocar el sobreseimiento y procesar a Juan Diego Rossi por atentado contra la autoridad agravado y lo mismo ocurrió con Leandro Héctor Pérez Salvador, que llegó sobreseído a la Cámara y se fue procesado.
El tribunal, por mayoría, confirmó los sobreseimientos de Alejandro Gabriel Estigarribia, Nicolás Emiliano Gauna y Facundo Nahuel Travi.
En disidencia, en un extenso voto de 100 carillas, el juez Alberto Boico votó por dictar la falta de mérito de los atacantes y en algunos casos, su sobreseimiento. En un sesudo escrito sobre los derechos humanos en el campo de la protesta social, criticó la actuación policial, citó a Amnistía Internacional, dijo que se habían violado todos los protocolos de actuación policial y votó por dictar la falta de mérito de los procesados y ahondar la investigación.
“Es perfectamente posible la comisión de delitos en el ámbito del ejercicio de un derecho, pero en este caso, a la luz de las probanzas arrimadas y la perspectiva de examinación, no se ha podido establecer que las conductas investigadas hayan ingresado al terreno del derecho penal”, dijo Boico, tras repasar horas y horas de videos, fotos y testimonios de los ataques. (La Nación)
