Según publica La Nación Desde que la administración federal empezó a embargar cuentas digitales, registró más de $11.000 millones en deudas; quieren que los activos digitales sean parte del mecanismo de intercambio automático de datos.
En línea con la adopción que tienen las criptomonedas entre los argentinos, para la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) los activos digitales tienen que ser parte de los regímenes de información entre países. Es una práctica que ya se hace con las cuentas bancarias, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Es necesario incluir al dinero electrónico, las monedas digitales y los criptoactivos en los mecanismos internacionales de intercambio de información para evitar que se conviertan en instrumentos facilitadores de la evasión”, resaltó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al inaugurar la 56° Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Al respecto, la funcionaria afirmó que la AFIP respalda el avance de las propuestas que buscan instrumentar los reportes globales de criptoactivos y modificar el mecanismo de intercambio automático de información de la OCDE para que se incluyan los activos digitales. Es decir, que la AFIP sepa cuántas criptomonedas tienen los contribuyentes fuera del país.
“La experiencia argentina reciente demuestra que el intercambio automático de información sobre cuentas financieras es una herramienta central para combatir las maniobras de evasión de los sectores de mayor capacidad contributiva”, sostuvo.
Sin ir más lejos, en los últimos dos años la AFIP recaudó más de $800 millones de impuestos evadidos. Eso fue posible gracias a la explotación sistemática de información que recibe sobre las cuentas bancarias que tienen los argentinos alrededor del mundo.
“No solo comenzamos a utilizar la información recibida y potenciamos los recursos humanos y tecnológicos, sino que creamos nuevos instrumentos para abordar otras problemáticas como los posibles abusos en las operaciones internas de las grandes empresas multinacionales y pusimos en marcha herramientas que nos permiten conocer a los verdaderos dueños de las empresas”, expresó Marcó del Pont.
De acuerdo con un estudio realizado por Americas Market Intelligence (AMI), el 12% de los argentinos compró criptomonedas. Es el doble del promedio que registran otros países de América Latina, como México (7%), Brasil (6%) y Perú (5%).
Teniendo en cuenta esas cifras, así como el desarrollo de otros medios electrónicos de pago, en febrero de este año el ente recaudador decidió incluir a las cuentas y billeteras digitales dentro del listado de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas que el contribuyente tiene con el Estado. Antes, solo se contemplaban las cuenta bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros.
Según explicó la AFIP, el organismo cuenta con un régimen informativo que obliga a las billeteras virtuales a reportar información referida a las cuentas de sus clientes. Es así como, sobre un universo de más de 15.000 contribuyentes morosos -incobrables o sin cuentas bancarias-, esta acción sobre los activos digitales le permitió a la agencia resolver 5000 casos. En total, se regularizaron deudas por más de $11.000 millones.
Hay un caso que amerita mención aparte. Recientemente, la exchange argentina de criptoactivos Lemon Cash anunció que superó el millón de usuarios. No obstante, a finales del año pasado, la startup mudó la tenencia de sus criptomonedas a El Salvador, el primer país del mundo en adoptar al bitcoin como moneda de curso legal. En otras palabras, el dinero está fuera de la Argentina.
“Profundizamos la recuperación de las capacidades del Estado en materia de fiscalización para controlar la elusión y la evasión con el foco puesto en aumentar el aporte a la recaudación de los sectores de mayor capacidad contributiva. La recaudación es la fuente genuina de financiamiento para implementar las políticas públicas que permitan avanzar con las transformaciones necesarias para lograr más inclusión y equidad”, cerró Marcó del Pont. (La Nación)
