Según publica Clarín Este lunes, la Unidad de Información Financiera desistió de pedir una condena para la vicepresidenta y criticó la pericia en su contra.
Por: Lucía Salinas
A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el gobierno pidió la absolución de Cristina Kirchner – y de todos los acusados- en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz. Para llegar a esa conclusión, los abogados del organismo -que dirige Juan Carlos Otero, vinculado a Máximo Kirchner- hicieron una particular interpretación de una pericia ordenada durante el juicio oral, que analizó cinco obras testigo de la cincuenta y una que ganó Lázaro Báez y están bajo la lupa judicial.
Para hacerlo, los abogados de la UIF Leandro Ventura (vinculado al diputado K Rodolfo Tailhade) y Alejandro Irachet, dejaron de lado una gran cantidad de pruebas que retomará la fiscalía en su alegato el 1 de agosto.
Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral bajo la presunción de que desde diversos organismos del Estado buscó favorecer a Báez, su ex socio comercial, con 51 obras viales en suelo sureño. El Grupo Austral ganó, dice la imputación, el 86% de las licitaciones volcadas en la provincia.
Esto fue posible, según la acusación, porque se montó una estructura diseñada para que nada falle: Lázaro Báez debía ganar siempre, y se le pagaban los fondos correspondientes a los avance de obra aunque los certificados que acreditaban esos avances no fueran reales,
Los supuestos beneficios para el dueño del grupo Austral no acababan ahí: los controles a las obras debían ser exiguos, para que las irregularidades en los pliegos, en los concursos, en las modificaciones de costos no queden expuestas. El sistema de beneficios incluía información exclusiva de las licitaciones para que el holding siga ganando obras.
Esos planteos fueron revelados durante la instrucción del caso a cargo de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, y analizados durante el juicio. El ministerio Público Fiscal representado en esta instancia por Diego Luciani y Sergio Mola, profundizó en las diversas irregularidades que se atribuyen a las obras otorgadas a las empresas de Báez.
Ninguno de estos aspectos cuestionados por diversas autoridades judiciales fueron contemplados por la UIF en su alegato. Al contrario, los abogados del organismo citaron planteos de Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner-, y cuando descalificaron la pericia tomaron en cuenta los argumentos de la perito Adriana Alperovich, designada por la vice y que aseguró -contrariamente a los peritos oficiales- que no existan sobreprecios.
A la hora de referirse a Lázaro Báez -quien de un golpe pasó de ser monotributista a empresario de la construcción después de mayo de 2003- la UIF dijo: “No tenemos mucho que agregar sobre este imputado ya que al haberse caído la hipótesis inicial, no puede ser parte de un delito que no se pudo comprobar”. Así, pidieron también su absolución.
Los siguientes son algunos de los aspectos omitidos por la UIF sobre las obras que fueron adjudicadas al ex socio comercial de Cristina Kirchner:
Celeridad en los plazos
Los infrecuentes y veloces plazos en los que se resolvían las licitaciones que ganaba el ex socio comercial de Cristina Kirchner, son un eje de la imputación. Las obras contaban con una llamativa premura por parte de la comisión evaluadora sobre las ofertas de Austral Construcciones: por ejemplo, Báez ganó 25 licitaciones en diez meses y trece días.
Según las estadísticas analizadas en el juicio, cuando concursaba alguna empresa del Grupo Austral entre la fecha de apertura de ofertas y la fecha de firma del contrato se tardaba un promedio de 38 días, frente al normal plazo que se manejaba en aquel entonces, que era de 210 días.
Pagos anticipados y un solo inspector
Durante las audiencias orales que comenzaron en 2019 también se explicó que hubo 26 obras que supuestamente eran controladas por un mismo inspector. Nueve de ellas eran contratos por más de 100 millones de dólares, dos de más de 90 millones de dólares y algunas superaban ampliamente el presupuesto de 150 millones de dólares.
Pero eso expuso otra irregularidad: la metodología de pagos anticipados. En mayo de 2010 hubo una resolución del director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, que agilizaba los pagos en ocasiones excepcionales. Dos días después de que se publicó esa medida, Austral presentó 14 notas pidiendo el pago de los certificados, sin especificar cuáles eran. Después se sumaron cuatro pedidos de la firma Kank & Costilla, también de Báez. Fueron 18 notas exigiendo pagos adelantados de fondos. Los obtuvo. Los números son elocuentes: de 1.300 pagos adelantados, el 88% fueron para las empresas del Grupo Austral.
Información anticipada y exclusiva
En el juicio también se habló de un circuito de información exclusiva que manejaba Báez para ser el adjudicatario de las obras licitadas por Nación, pero ofertadas por Vialidad de Santa Cruz.
Austral Construcciones compró un pliego veinte días antes del primer día de su publicidad. Alguien lo tenía al tanto. Se trataba de una ruta cuya publicidad iba a realizarse el 30 de abril de 2008. Recién ahí las empresas contratistas, constructoras viales supieron del llamado a licitación y a partir de entonces podían hacer alguna consulta y comprar el pliego en caso de estar interesadas. Austral ya lo tenía veinte días antes de que fuera público.
Así fue que las obras sobre la Ruta 9, empalme de la Ruta 3 y la 4 iba a licitarse por 199.680.000 pesos, pero antes de la apertura de ofertas se firmó un convenio donde se fijó el presupuesto en 238.248.064 pesos. Sorpresivamente, fue la cifra que ofertó Austral Construcciones, con centavos incluidos.
Precios “inflados” y ofertas simuladas
En el juicio se habló de pliegos confeccionados con valores “sensiblemente superiores a los que el organismo nacional se había comprometido a financiar”. Algo que se vio en el tramo Güer Aike-Punta Loyola de la Autovía de Río Gallegos. El presupuesto por convenio fue de 50 millones de pesos, pero la agencia vial provincial lo elevó a 78 millones (un 55,8% más caro) y Báez “impuso un aumento del 19,26% consiguiendo contratar por 92.905.872 pesos: un 85,81% más que el monto inicial. Finalmente, al concluir la obra su costo fue de 172 millones, el triple de lo convenido.
La simulación de compulsas de precios fue otro punto cuestionado. Hubo una “competencia” de Báez con sus propias empresas. Por ejemplo en 2011, Báez ganó dos licitaciones (11/11 y 12/11) para pavimentar 170 kilómetros de una ruta provincial que empalmaba con la Ruta Nacional 3. La primera licitación, por 634.959.463 pesos, la ganó la empresa Kank y Costilla S.A -que estaba bajo su control-, y la segunda, por unos 640.148.519 pesos fue ganada por Austral Construcciones.
Rutas “fantasma”
El principal beneficiado con los contratos viales desde 2003 a 2015, fue Lázaro Báez: recibió 51 contratos por 46.000 millones de pesos. Sólo terminó la mitad, pero cobró con creces las certificaciones de obras (se denunciaron sobreprecios del 65%). En total quedaron 24 licitaciones inconclusas. Vialidad Nacional rescindió esos contratos en 2016.
Al tomar la decisión, se adujo que muchos de esos caminos estaban hechos sólo “para garantizarle fondos a Báez, porque eran obras muchas que no conectaban con ningún lugar de importancia, muchos eran enripiados, otros no estaban ni iniciados pero se cobraban”.
Algunos de esos contratos de Báez son legendarios. Como la obra de la Ruta 3 que debía conectar Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia, que mantuvo durante quince años y un avance de solo 36%. Sin embargo, la auditoría expresó un sobreprecio del 300% sobre ese camino. Pero este lunes nada dijo la UIF al respecto.
Otro ejemplo: Sobre la Ruta 40 Báez ganó seis contratos. Cobró un 155% más de su costo inicial. La mitad de las licitaciones se adjudicaron a Austral por 488 millones de pesos, pero terminaron costando 1.247 millones. Sólo el tramo Lago Cardiel–Tres Lagos se licitó por 254 millones de pesos y con el 32% de realización Nación le pagó a Báez 800 millones. Las obras nunca se terminaron. (Clarín)
