Después de haberse hecho público el sorteo del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, donde condiciona al participante a posar en una foto con militantes del partido y luego de haber tomado estado nacional, lo que a todas luces despierta serias sospechas de uso político de este recurso, con la vista puesta en la campaña 2023 del intendente K a la gobernación, ha sido denunciado penalmente junto con sus funcionarios responsables.
Si el objetivo de Grasso era tener impacto mediático, lo ha tenido, pero no toda repercusión es buena, si a partir de un hecho como éste su apellido se instaló en todos los medios nacionales por una maniobra corrupta como ésta y si esa repercusión, además, sirvió para que podamos informarle a todo el país cómo se maneja políticamente, quién y qué hizo cuando estuvo en el IDUV y quién es desde que encabeza su gestión como intendente, el conocimiento público de su imagen no es para nada favorable y muchos colegas, ahora, han decidido seguir su accionar y en muchos casos han recurrido al archivo de OPI para nutrirse de antecedentes del intendente de la capital.
El Concejal Pedro Muñoz (CC-ARI), junto con su par Daniela Valeria D´Amico (UCR/JxC) y patrocinado por el abogado José Luis Janezak, ha denunciado penalmente a Pablo Grasso ante la justicia, por las formas en que ha instrumentado el concurso y la utilización de fondos públicos para sostener los gastos millonarios que insume el traslado, el alojamiento, las entradas a los partidos y todo lo que implica un viaje a Qatar para presenciar el mundial de fútbol.
Dice la denuncia en su núcleo acusatorio: “Venimos a formular denuncia por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y peculado de trabajos o servicios en perjuicio de la Administración Pública, arts. 260, 261 2do. párrafo, 262, 277 y CCtes. del Código Penal Argentino, contra el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y demás funcionarios del Municipio de Río Gallegos, que resultaren responsables penalmente por haber sido partícipes de los mencionados delitos”.
Posteriormente enumera los hechos que dan lugar a la denuncia, argumento que gira alrededor de lo que es de público conocimiento, pero los Concejales hacen hincapié no solo en el probable delito en que incurre el intendente, sino también sus funcionaros más cercanos como Diego Robles, su Secretario de Hacienda.
“Este concurso tiene un insólito mecanismo de participación, ya que establece como requisito sacarse una foto (selfie) con alguna de las personas que figuran en una lista, que en su gran mayoría son funcionarios y referentes políticos afines al Intendente Pablo Grasso, lo cual denota la manifiesta intencionalidad que persigue este certamen, que es lisa y llanamente, realizar propaganda partidaria y promover públicamente la figura de diversos referentes políticos pertenecientes al sector político del Intendente, configurando los presuntos delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS y PECULADO DE TRABAJOS O SERVICIOS en perjuicio de la Administración Pública (arts. 260, 261 2do. párrafo, 262, 277 y cctes. del Código Penal Argentino)”, indica la denuncia, donde se aclara “ …lo ilícito del hecho lo constituye la real finalidad que persigue, esto es realizar proselitismo partidario promocionando públicamente la figura de diversos referentes políticos afines al Intendente Pablo Grasso”.
Seguidamente resalta que el intendente está utilizando recursos económicos configurando presuntamente el delito de Malversación de Caudales Públicos (art. 260 del C.P.) tanto por parte del Intendente como otros funcionarios involucrados, a quienes acusan “del empleo en provecho propio o de un tercero, de trabajos o servicios pagados por una administración pública, es decir recursos humanos, estructura administrativa, prensa, difusión y logística, pagados por el Municipio de Río Gallegos, lo cual configura presuntivamente el delito más grave aún, que es el de Peculado de Trabajos y/o Servicios (art. 261 2do. Párrafo del C.P.)”, expresa la denuncia.
No obstante, recalcan que el Intendente Pablo Grasso y demás funcionarios implicados, se están aprovechando del cargo que ostentan y utilizan la estructura del gobierno municipal y la imagen institucional del municipio para organizar este concurso con evidentes fines proselitistas, “que concretamente persigue promover públicamente la figura de los funcionarios y referentes políticos que integran mayoritariamente la lista publicada, que resulta ser la columna vertebral del requisito para poder participar del sorteo, y que consiste en fotografiarse con alguna de esas personas, que se insiste, en su gran mayoría son referentes políticos o figuras afines al proyecto político del Intendente Pablo Grasso”, agrega.
Finalmente la denuncia hace hincapié en que el hecho denunciado no es el primero y existen antecedentes previos como la denuncia efectuada el 11/04/2022, también contra el Intendente Pablo Grasso por la presunta comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Peculado de Trabajos o Servicios en perjuicio de la Administración Pública, (arts. 260, 261 2do. párrafo, 262, 277 y cctes. del Código Penal Argentino), toda vez que bajo el pretexto de colaborar con los festejos por el centenario de la localidad de Gobernador Gregores y agasajar a los vecinos de dicha ciudad, el Intendente Pablo Grasso destinó importantes fondos y recursos del Municipio de Río Gallegos para un fin distinto al previsto por la normativa vigente, “además de emplear en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por el Municipio de Río Gallegos, es decir pagados por los contribuyentes de nuestra ciudad, lo que constituiría el delito de peculado de trabajos o servicios. Todo ello, con el claro propósito de promocionar políticamente su figura en el ámbito provincial. Causa que se encuentra radicada en el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° 2 de Instrucción de Río Gallegos, a cargo de la Sra. Juez Dra. María Valeria López Lestón, Expediente N° 73088/2022”, sintetiza el escrito de la denuncia.
Finalmente, señala que los delitos de Peculado y Administración fraudulenta de caudales públicos por el art 260 y 261 contiene penas de 2 a 10 años de prisión y las correspondientes penas para los funcionarios municipales que hayan sido cómplices de estas maniobras ilegales, concluye la denuncia. Los concejales Pedro Muñoz y DanielaD´Amico a través de su abogado Janezak hicieron la presentación este mediodía en el Juzgado Provincial de Instrucción Penal Nro. 2 a cargo de la Juez López Lestón. (Agencia OPI Santa Cruz)
