Según publica Clarín Fue en un comunicado junto al mexicano López Obrador, el colombiano Petro, y el boliviano Arce. La inesperada nota dice que están preocupados por su “remoción”.
Por: Natasha Niebieskikwiat
El Gobierno de Alberto Fernández se sumó a un inesperado comunicado conjunto con Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Luis Arce, de Bolivia, en el que expresaron su “profunda preocupación por la remoción y detención” del ahora ex presidente peruano, Pedro Castillo. Y de manera enrevesada pidieron su restitución al poder, en contra de lo que decidió el Congreso peruano a partir del auto golpe dado por el ex mandatario.
De esta manera, Fernández, cuya cancillería había criticado primero a Castillo por alterar el “orden constitucional” se suma a la polémica línea de los presidentes que no cuestionaron a Castillo por el ilegal cierre del Congreso y pretender gobernar por decreto. Más aún, lo defendieron.
AMLO habló de “golpe blando” contra Castillo. Petro, de “golpe parlamentario” contra Castillo. Arce lamentó los “constante hostigamiento de élites contra Gobiernos progresistas”.
La semana pasada, tras el fallido autogolpe que dio Castillo -ahora detenido y con pedido de asilo a México, el ministro Santiago Cafiero publicó el siguiente mensaje, que también fue leído ante el Consejo Permanente de la OEA: “Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”.
Este no mencionó la palabra golpe de Estado igual. Y ahora cerca del canciller Santiago Cafiero advierten que no hubo “cambio de posición”.
El giro
Este lunes, junto a Bolivia, Colombia y México, Argentina expresó un giro en la postura. “Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
Señalaron: “Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica.
Esta fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
El comunicado señaló que los cuatro gobiernos hacían “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Y que esa era “la manera de interpretar” los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, señalaron sin explicar qué buscan con ello. Nada dice el comunicado sobre la decisión de Castillo de cerrar el Congreso.
Esto puede interpretarse como un pedido al Congreso para que revierta la destitución promovida el miércoles 7 de diciembre, luego de que Castillo ordenara cerrar el Parlamento, decretar el estado de excepción y un toque de queda sin contar con respaldo legal para hacerlo.
El contexto
Si bien es cierto que el gobierno de Castillo fue hostigado por un Congreso opositor que buscó desde el primer día sacarlo del medio -con tres mociones de vacancia- el ahora ex presidente les sirvió en bandeja el argumento legal que los diputados necesitaban para acabar con su gobierno, acorralado por severas denuncias de corrupción.
En el comunicado de este lunes, los cuatro gobiernos pidieron que las autoridades “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
Sobre el fin de semana fue la presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte fue quien curiosamente habló de lo que pensaba del tema Alberto Fernández, que había permanecido en silencio sobre la situación y acción de su aliado Castillo.
Fue cuando tuiteó para contar la “la llamada del presidente de la hermana República Argentina”, quien según precisó le “expresó su respaldo, apoyo y colaboración en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia, las relaciones bilaterales y las políticas regionales por el desarrollo de Sudamérica”.
El Gobierno niega un “cambio de posición”
Consultadas fuentes en la Cancillería argentina sobre el comunicado publicado este lunes con los gobiernos de Bolivia, Colombia y México, negaron un cambio de posición. Esto dijeron:
– “La Argentina fue uno de los primeros países en expresar su preocupación por la profunda crisis política acaecida en la República del Perú la semana pasada”.
– “Desde el comienzo de la crisis, la República Argentina reclamó el respeto del orden constitucional y las instituciones democráticas, con base en la observancia de las normas y procedimientos previstos para estos casos en la propia Constitución peruana”
– “Previo a los acontecimientos del miércoles pasado, Argentina se había expresado críticamente respecto del hostigamiento político y mediático al que fuera sometido Pedro Castillo desde el inicio de su mandato y que terminara con su remoción como Presidente del Perú”.
– “Junto con hacer un llamado a la paz social y a la convivencia de todos los actores, la Argentina apoya la continuidad del orden democrático”.
– “Asimismo, Argentina exige que se respeten y aseguren los derechos humanos del ex presidente Pedro Castillo y su familia”.
– Eso de que se “respete la voluntad popular es referido al mecanismo de hostigamiento. Hoy quien expresa eso es Boularte. Castillo está afuera” (Clarín)
