Según publica La Nación Primero lo sugirió el ministro Soria y ahora el gobernador Capitanich; en la Casa Rosada afirman que no lo viven como una presión; planteos de inconstitucionalidad y la mira en el Congreso.
Por: Cecilia Devanna
A principios de mes fue el ministro de Justicia, Martín Soria. Y hoy lo repitió el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. En menos de 15 días, ambos plantearon la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto. El mandatario provincial fue por más y propuso encarar también la ampliación de la Corte Suprema de Justicia por esa vía. Sin embargo, en la Casa Rosada afirman que el presidente Alberto Fernández descarta esa posibilidad, según pudo reconstruir LA NACIÓN de fuentes cercanas al mandatario.
“Sería de un costo político enorme y una derrota épica, porque buscar cambios por vía de decretos chocaría con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia”, explicaron cerca de Fernández este martes. De todos modos, admitieron que la modificación del Consejo por vía de decreto ya se había hablado en reuniones con los gobernadores. “Lo de la Corte es directamente inconstitucional, lo del Consejo es más discutible, pero no se está pensando para nada en eso”, remarcaron.
Pese a las expresiones públicas de Soria y Capitanich, dos dirigentes que se alinean con Cristina Kirchner, cerca de Fernández aseguraron que no viven como una presión interna los dichos que parecen comprometer al mandatario a tomar decisiones en uno de los ámbitos más sensibles para el oficialismo. “Tiene más que ver con planteos aislados que quizá buscan congraciarse con un sector que con una posibilidad real”, completaron en referencia a las declaraciones.
Tanto la modificación del Consejo de la Magistratura como el número de la Corte fueron temas incluidos en el temario de sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo envió el último jueves al Congreso para que se empiecen a tratar a partir del próximo lunes 23. Sin embargo, la parada no parece sencilla. La oposición de Juntos por el Cambio ratificó que no facilitará el tratamiento de las iniciativas mientras perdure el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados.
Ante ese escenario, en una entrevista en El Destape, Capitanich fue consultado sobre los intentos por parte del oficialismo de buscar apoyos en espacios políticos como la Unión Cívica Radical (UCR) para conseguir el tratamiento y la aprobación del pedido de juicio político contra la Corte que impulsa el Gobierno. Entonces, el chaqueño fue por más y enfatizó: “Es necesario abrir todas las capacidades institucionales de negociación, claramente, e ir por una reforma institucional de mayor envergadura”.
En la misma línea, destacó la necesidad de lograr una “ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia” y una “reforma integral de la participación del Consejo de la Magistratura”. Y ante la consulta sobre si, de persistir el “bloqueo opositor al funcionamiento del Congreso”, estaba de acuerdo con que tales reformas se lleven a cabo por decreto presidencial, contestó: “Totalmente. Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en claro, y el Presidente de la República debe contar con este respaldo popular respecto de la instrumentación de medidas que son claves. Hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso creo que por el consenso social y ciudadano hay que ir y trabajar en materia de instrumentación para un DNU”.
Más tarde, reiteró que recurrir a un DNU para zanjar la disputa con la oposición resulta “absolutamente necesario, si existe bloqueo institucional”. “No está prohibido y forma parte también de la implementación de medidas de carácter institucional que benefician al pueblo argentino”, insistió Capitanich. Pero en la Casa Rosada ratificaron que no seguirán ese camino.
Desde la oposición salieron a responderle el radical Mario Negri, titular del bloque de diputados de la UCR, quien advirtió que ”lamentablemente el gobernador Capitanich vuelve a ratificar que le da exactamente lo mismo gobernar a través de las instituciones o al margen de ellas”; y el referente del Interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, que sostuvo: “Veníamos advirtiendo que iban por el camino de los decretos y en contra de la Constitución, cuyo artículo 214 establece que el Consejo de la Magistratura debe ser regulado por una ley especial del Congreso que tenga apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Eso, sumado a la amenaza de ampliar la Corte también mediante una decisión presidencial, configura claramente un intento de golpe institucional. Es gravísimo y amerita una urgente rectificación”. (La Nación)
