Los abogados de Cristina Kirchner han pedido la suspensión del proceso de juicio oral en la causa que investiga el intento de magnicidio, debido a la aparición de nuevas pruebas que nuevamente vinculan a miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el incidente.
En el escrito presentado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, se explica: “No entendemos cómo el fiscal recibió el 23 de mayo un informe que contiene un mensaje de una persona que forma parte de una agrupación dedicada a promover la violencia contra la Vicepresidenta, ofreciéndose para llevar a cabo una ‘actividad bala’, y no hizo absolutamente nada al respecto”.
Los abogados mencionan un informe presentado en la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga a Revolución Federal, en el cual se encontró que una integrante del grupo llamada “Dali Revolución” manifestó su deseo de usar un arma de nueve milímetros.
El escrito reflexiona sobre la coincidencia temporal entre la primera referencia de “Dali Revolución” sobre tener un arma y su deseo de usarla, y los meses en los que Jonathan Morel recibió grandes sumas de dinero de la familia Caputo para llevar a cabo un proyecto de gran envergadura con una empresa fantasma de carpintería.
La querella especula que “Dali Revolución” podría ser Angélica Dalila Monti, quien es cercana al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. Se plantea que existe una relación sentimental entre ambos y que conviven en Buenos Aires, además de señalar que Monti fue la persona con quien Morel estaba al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
En una carta enviada a la Cámara Federal, el presunto agresor de la vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, desvinculó repetidamente a Revolución Federal del ataque y afirmó no tener ninguna relación con sus miembros.
Sin embargo, la querella de Cristina Kirchner cree haber encontrado una conexión, sugiriendo que “Brenda Uliarte podría ser ‘juanargento'”, un usuario activo en redes sociales y grupos de chat de Revolución Federal.
Los abogados Ubeira y Aldazábal argumentan que aún quedan “muchas pruebas” por presentar y proponen llevar a cabo estas medidas antes de que la causa pase a la etapa de juicio. Entre las medidas solicitadas se encuentra una relacionada con Hernán Carrol, otra persona que dejó de ser investigada sin motivo aparente y que tiene vínculos con Revolución Federal, agrupación en la que se encontraba presente la idea de atentar contra la vicepresidenta.
En relación a la fiscalía, el Fiscal Federal Carlos Rívolo concluyó en un extenso informe que no se encontraron vínculos de los mencionados con ninguna agrupación o persona que pudiera sospecharse que les brindara asistencia en el incidente. Además, se descartó un financiamiento externo y un móvil político en el intento de homicidio, basándose en el análisis de pruebas telefónicas, geolocalización y movimientos financieros.
Por lo tanto, se aclaró que la actividad llevada a cabo por Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo para llevar a cabo el ataque no requirió financiamiento económico ni recursos extraordinarios debido a sus características. (Agencia OPI Santa Cruz)
Con información de NA
