El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, declaró el miércoles que su oficina iniciará una investigación sobre la elección primaria de la oposición, abordando supuestos delitos que incluyen conspiración, fraude y otros cargos relacionados.
Como parte de este proceso, Saab anunció que Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), encargada de organizar la elección celebrada el 22 de octubre, serán citados a declarar en calidad de investigados.
El gobierno ha denunciado un presunto fraude desde el día de la votación, que se llevó a cabo sin apoyo estatal y que, según los organizadores, atrajo a más de 2.3 millones de votantes. La ganadora de las primarias, María Corina Machado, ha reiterado en varias ocasiones que el proceso fue transparente.
Según el último recuento publicado por la CNP, Machado obtuvo la victoria con el 93% de los votos. Tras el anuncio del fiscal, expresó su respaldo a la comisión, destacando que “esta es la reacción ante el monumental desafío al régimen que fueron las primarias. Los venezolanos hicimos una elección ciudadana ejemplar en cuyos resultados todos confiamos“.
El Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de las acusaciones y del pedido de investigación. Un portavoz estadounidense mencionó que las primarias representaron un “importante hito” para Venezuela. Además, hizo hincapié en la importancia de que el presidente Nicolás Maduro tome medidas concretas para garantizar elecciones presidenciales libres y justas en 2024, según lo establecido en el acuerdo de hoja de ruta política firmado en Barbados el 16 de octubre.
Washington advirtió que podría revertir las recientes exenciones de sanciones petroleras si el gobierno de Maduro no levanta las inhabilitaciones que impiden que los opositores, incluida Machado, ocupen cargos.
El acuerdo parcial electoral firmado en Barbados establece que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2024 y permite a cada parte elegir a su candidato según sus reglas internas. Sin embargo, no se retiraron las prohibiciones que afectan a los opositores.
El fiscal general explicó que la investigación de la elección primaria responde a una solicitud del diputado José Brito de la Asamblea Nacional, que está controlada por el oficialismo. Se sospecha que se cometieron delitos como usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
En cuanto a la usurpación de funciones, esta se refiere a la realización de la jornada sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La usurpación de identidad se basa en la presunción de que los cuadernos de votación incluían a al menos 2 millones de personas que no se habían inscrito ni votado. El delito de legitimación de capitales se plantea debido a la falta de transparencia en la financiación de la elección, con interrogantes sobre la procedencia de los fondos y la ausencia de registros contables.
Este mes, la oposición rechazó la oferta de ayuda del CNE para retrasar la votación hasta noviembre después de que el organismo tardó varios meses en responder a la solicitud de asistencia de la oposición, presentada en junio. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
