Dirigentes de diversos espacios de la oposición han manifestado críticas contundentes hacia la decisión del presidente Javier Milei de firmar un decreto para desregular la economía. Las declaraciones, que incluyen cuestionamientos a la legalidad y a la urgencia de las medidas, han generado un intenso debate político en Argentina.
El diputado nacional por Buenos Aires, Alejandro “Topo” Rodríguez, fue tajante al declarar que el Decreto de Desregulación de Milei es inconstitucional y que el Presidente no tiene facultades para derogar la extensa lista de leyes incluidas en el decreto. Consideró que todo el decreto es nulo.
Por su parte, Margarita Stolbizer, diputada del GEN, evaluó que las medidas anunciadas van en contra de la institucionalidad y el estado de derecho. Criticó el hecho de que el presidente utilice una cadena nacional para anunciar la derogación de leyes, rodeado de políticos, sin asumir su condición como tal.
Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica, planteó un argumento constitucional al señalar que la Constitución Nacional sólo autoriza el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en circunstancias excepcionales, acusando al Gobierno de arrogarse facultades legislativas vedadas y avasallar la división de poderes.
Desde el Frente de Todos, la diputada Julia Strada afirmó que el decreto no desregula, sino que facilita negocios. Cuestionó la urgencia de eliminar leyes como la de góndolas, multas por sanciones laborales y la transformación de clubes en sociedades anónimas, entre otras medidas.
La reacción no se hizo esperar en otros sectores de la oposición. Los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, llamaron a un plan de lucha callejera coordinado por la CGT y las dos CTA. Bregman expresó su preocupación por la eliminación prácticamente total del derecho a una indemnización por medio del DNU.
Graciela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública, cuestionó que entre tantas derogaciones, Milei no haya incluido las jubilaciones de privilegio de los Presidentes, Vice y el clero, así como la finalización de los aportes compulsivos de los trabajadores para los sindicatos.
La Coalición Cívica, a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro, se pronunció en contra del DNU, argumentando que lo anunciado por el Presidente no cumpliría con los requisitos constitucionales de excepcionalidad. Anunciaron la evaluación detallada de cada ley derogada y/o modificada y la realización de un informe sobre la necesidad y urgencia, así como posibles violaciones de derechos constitucionales.
El escenario político se presenta tenso con una oposición que cuestiona la legalidad y la fundamentación del decreto presidencial, mientras el Gobierno defiende las medidas como necesarias para la reactivación económica. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
Para lo único que sirven
los nombrados en esta nota es poner trabas, son anti patria. Respeten la voluntad de las urnas, no representan a nadie.