El Gobierno del Reino Unido ha implementado leyes estrictas que restringen el derecho a la protesta, generando controversia y preocupación entre los ciudadanos y defensores de los derechos civiles. Las nuevas regulaciones, presentadas por el gobierno conservador, buscan prevenir la acción de activistas extremistas que puedan afectar la economía y la vida cotidiana.
Las leyes, en vigor desde 2022, introdujeron el delito de “alteración pública”, castigado con hasta 10 años de prisión, y otorgaron a la policía mayores poderes para controlar protestas consideradas disruptivas. Posteriormente, la Ley de Orden Público de 2023 amplió las definiciones de “perturbación grave” y permitió registros más intrusivos a los manifestantes.
Grupos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Insulate Britain han protestado argumentando que la desobediencia civil es justificada por la emergencia climática. Sin embargo, el gobierno los ha calificado de “egoístas” y “fanáticos ideológicos”.
La respuesta a estas regulaciones ha sido variada, con críticos argumentando que se están erosionando derechos civiles sin un adecuado escrutinio legislativo ni protección judicial. Activistas, incluso del ámbito ambiental, han sido arrestados en manifestaciones pacíficas, y las leyes han sido calificadas de paralizantes para el derecho a protestar.
El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento advirtió que estos cambios tendrían un “efecto paralizador sobre el derecho a protestar”. Algunos manifestantes han enfrentado juicios en los cuales se les prohibió mencionar el cambio climático o sus motivaciones para protestar, generando críticas sobre la justicia selectiva.
La controversia ha llevado a debates sobre el equilibrio entre la protección del orden público y la preservación de los derechos fundamentales en una de las democracias más antiguas del mundo. Críticos y defensores del gobierno han expresado opiniones divergentes sobre la necesidad de estas leyes en el contexto actual. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
